Santander, 14 de octubre de 2024. El secretario general del PSC-PSOE y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, ha anunciado este lunes que el Grupo Socialista en el Parlamento de Cantabria ha registrado una única enmienda a la Derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, en contra del artículo 1 que plantea la propia derogación de la norma.
De esta manera, Zuloaga ha explicado que el PSOE se opone frontalmente a la derogación de la Ley que es “justa y necesaria para atender y reparar a todas las víctimas del Golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura de Franco, así como a sus familiares, en nuestra comunidad autónoma”.
Asimismo, el líder del PSOE cántabro ha avanzado que este martes, 15 de octubre participará en un acto de la Fundación Matilde de la Torre, en el Teatro Casyc de Santander a las 18:00 horas, junto al ministro de Memoria Democrática del Gobierno de España, Ángel Víctor Torres, en el que se podrá comprobar el “total compromiso del Gobierno de España con las leyes de memoria y con las víctimas”.
La enmienda socialista a la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, impulsada por el Partido Popular y por VOX, subraya que “la convivencia es uno de los objetivos básicos e ineludibles de todas las sociedades democráticas” y que para lograr que sea “real y justa” es “preciso proyectar una mirada crítica sobre el pasado, desde valores democráticos y desde unos principios éticos firmes, que condene todas las vulneraciones de Derechos Humanos cometidas”.
En este sentido, recalca el “compromiso” de la norma aprobada la pasada legislatura con una mayoría de 21 diputados y diputadas, “superior a los 19 de la derecha y la ultraderecha que pretenden derogarla”, “contra la injusticia que sufrieron decenas de miles de personas inocentes injustamente asesinadas, heridas, encarceladas, represaliadas o exiliadas”.
“El alzamiento militar fascista de julio de 1936 y sus consecuencias, la Guerra Civil española, y los 40 años de Dictadura Franquista, produjeron una doble injusticia”: el “régimen de represión y falta de libertades básicas” y “las violaciones masivas de derechos humanos cometidas sobre las víctimas del franquismo”, así como los “20 años de retraso económico que su produjeron en España, tardando muchos años en recuperar los índices previos a la Guerra”.
La enmienda enumera distintas investigaciones que calculan en torno a 200.000 personas asesinadas mediante ajusticiamientos, juicios sumarísimos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas”, mientras que en Cantabria la cifra se sitúa en 2.535 (2.006 ejecutados, “paseados” y fusilados entre agosto de 1937 y el fin de la guerra), a los que se unen 75 guerrilleros maquis, 389 presos republicanos que murieron en la cárcel, 65 muertos en el austríaco campo de concentración nazi de Mauthausen, o los 2289 desaparecidos, muertos en el frente o en prisión y ejecutados extrajudicialmente”.
“A día de hoy, en pleno 2024, hay alrededor de 7000 familias cántabras que no saben dónde tienen enterrados a sus muertos. Hay cientos de personas viviendo en calles que ensalzan a gentes, cuyo único mérito es haber pertenecido a un régimen fascista, hay miles de niños viendo todos los días multitud de símbolos que establecen que levantarse en armas para destituir un régimen democrático es legítimo. Y todo eso es un problema del presente, no del pasado”, agregan,
“Además de lo que dictan las normas internacionales de derechos humanos, la experiencia histórica demuestra que los acontecimientos traumáticos que han supuesto una violación sostenida de derechos humanos como la padecida en el Franquismo, deben ser sometidos a una revisión crítica y a la clarificación de lo sucedido para hacer posible, entre otras cosas, el reconocimiento de las injusticias cometidas y la reparación a sus víctimas”, tal y como se motiva en la enmienda del PSOE.
Y recuerda el “doble objetivo” de la Ley, por un lado subrayar “la injusticia y sus consecuencias” y “cerrar el paso a la impunidad en el futuro” y, por otro, “asentar y hacer posible la conciliación y normalización de la convivencia sobre la base sólida de la verdad histórica de los hechos objetivos”.
Finalmente, apuesta por “variados textos y materiales a disposición de la ciudadanía y los expertos, como hace la ley que se pretende derogar, que permitan determinar con precisión los hechos desde diferentes perspectivas, incluida la de género”, hasta alcanzar un “relato común” como “final del camino”. “No queremos abrir heridas de hace ochenta años, lo que buscamos es cerrarlas por fin”, concluye.
