La diputada socialista, Yolanda Algorri, ha manifestado que la okupación es un hecho grave y debe combatirse, especialmente en la acción de las mafias. “Pero no todos los supuestos pueden ser tratados igual y el Código Penal prevé distintas repuestas para ello”, ha señalado.
Algorri se ha pronunciado así después de que este lunes se aprobase en el Pleno del Parlamento de Cantabria una Proposición No de Ley relativa a modificar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Civil para adaptarlos a la nueva realidad de las ocupaciones ilegales.
La socialista ha afirmado que el objetivo de algunos partidos políticos “no es tanto defender este tipo de propuestas por la protección de quien padece la okupación como por promover la sensación de que hay un clima de inseguridad o incluso, por propios intereses partidistas”.
“La intervención de grupos organizados de carácter mafioso, la utilización de contratos de arrendamientos falsos, las lesiones, los daños o las amenazas ya no son solo ocupaciones ilegales, sino que constituyen delitos distintos que agravan seriamente las penas, y todos ellos ya están suficientemente reflejados en el Código Penal”, ha destacado.
De hecho, ha insistido, “las denominadas nuevas realidades en la ocupación de inmuebles ni son nuevas, ni son solo ocupaciones”.
La diputada socialista ha explicado que en España hay más de 25 millones de casas, y en 2019 se denunciaron 14.000 ocupaciones. Es decir, este fenómeno, “que sin duda hay que controlar”, afecta al 0,056 por ciento de las viviendas españolas. Y si nos centramos en Cantabria, ha añadido, “según el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en nuestra región, durante el primer semestre, el número de casas ocupadas descendió un 33 por ciento respecto al mismo período del año anterior, al bajar de 36 a 24”.
Por tanto, ha dicho, “lo que le preocupa al Grupo Parlamentario Socialista es que se genere una sensación de inseguridad, aunque no venga avalada por datos, pero comprendemos y compartimos la preocupación que provocan los casos de ocupación, no solo a las personas que les ocupan el inmueble sino también a los vecinos generando perjuicios que consideramos deben resolverse con celeridad”.
Acciones del Gobierno de España
Para ello, ha recordado que “la Fiscalía General del Estado a través de la Instrucción de 15 de septiembre, se pronunció expresamente para afirmar que la Policía y la Guardia Civil pueden desalojar y detener a los ocupantes rápidamente en casos de ocupación recientes”. Asimismo, ha continuado, “el Ministerio del Interior, el pasado 17 de septiembre, puso en marcha un nuevo protocolo de actuación para agilizar a los usurpadores de forma inmediata, salvo situaciones especiales, así como una herramienta específica en la aplicación Alertcops para agilizar la detección de ocupaciones para que se pueda actuar con inmediatez”.
“Esperemos un poco a ver los resultados de estas medidas antes de afrontar reformas legales futuras”, ha demandado.
Finalmente, Yolanda Algorri, ha insistido en que “detrás de las ocupaciones hay mafias interesadas, pero también hay familias a las que el sistema ha expulsado, trabajadores cuya precariedad no les permite llegar a fin de mes o fondos buitres que especulan con las carencias de miles de españoles”.
“Contra las mafias hay que aplicar todo el peso del Código Penal, y el Grupo Parlamentario Socialista considera que el derecho debe dar respuesta rápida y contundente a los casos en los que las personas se vean privados de bienes o inmuebles pero para los expulsados del sistema debemos buscar entre todos puentes, promoviendo medidas de carácter social en lugar de intentar cambios innecesarios en el Código Penal para distraer a la ciudadanía de los verdaderos problemas a los que debemos enfrentarnos”, ha concluido.
