El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Potes exige el cumplimiento del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de este municipio. Plan que se aprobó hace casi veinte años por el Consistorio y que lleva vigente desde el año 2001.
Esta exigencia que llega en un momento, en el que el pleno del Ayuntamiento aprobase, en sesión extraordinaria el pasado miércoles 27 de diciembre, una nueva urbanización del ferial de La Serna, conforme al proyecto redactado por el arquitecto municipal. Un proyecto que cuenta con un presupuesto de 212.047 euros.
La portavoz municipal en el Ayuntamiento de Potes, Rocío Rábago, afirma que «el acuerdo para solicitar la subvención para la nueva urbanización del ferial de La Serna se aprobó a pesar de que el grupo municipal socialista votó abstención».
Rábago asegura que «el acuerdo para solicitar la subvención para la nueva urbanización del ferial de La Serna se aprobó a pesar de que el grupo municipal socialista votó abstención».
«El ferial de La Serna es el espacio libre de mayor entidad del conjunto histórico de Potes, un espacio con grandes potenciales además de uno de los lugares más entrañables y cargados de significados de toda Liébana», afirma.
En este sentido, la edil considera que «el estado actual del ferial de La Serna es el resultado de la degradación realizada en los últimos años y resultado también, de la dejadez y la actitud interesada del Partido Popular que ha acondicionado esa zona a su antojo».
Asimismo, explica que «se trata de un gran y único espacio capaz de acoger distintas necesidades públicas, en un municipio con escasez de suelo útil, y del cual su uso abusivo hace que en ocasiones pueda ser utilizado como aparcamiento, mercado, almacén de basuras etc».
«Hace quince años, en un tercio de su superficie, se construyó de forma precipitada e irregular una estación de autobuses que hoy podemos decir que era totalmente innecesaria», critica Rabago.
Por último, Rocío Rabago cree «que no es de recibo acometer este tipo de operaciones, que requieren la inversión de importantes cantidades de dinero público, sin facilitar la más mínima reflexión y participación pública en la toma de decisiones de tanta transcendencia».
A su juicio, «el PP no puede privar a la oposición municipal de la información pertinente con tiempo para estudiarlo y, en su caso, proponer soluciones alternativas».
