El secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Pedro Casares, asegura que desde “hace meses” se sabía que la Fundación Caja Cantabria había reclamado los 6,9 millones de euros del convenio, tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Casares considera que la información conocida hoy, de un informe emitido por la Asesoría Jurídica Municipal a petición del equipo de gobierno, “solo viene a confirmar que el Partido Popular sabía que Caja Cantabria iba a reclamar ese importe y nos engañaron”.
En este sentido, el líder de los socialistas santanderinos crítica que el Partido Popular “vuelve a hacer gala” de la falta de transparencia “y la opacidad” con la que gestiona Santander. “Desde el PSOE siempre hemos preguntado cuales eran las consecuencias de la anulación del PGOU y por ejemplo que iba a ocurrir con este convenio y el equipo de gobierno siempre ha mentido, negando la mayor” asegura el edil.
Para el portavoz del PSOE, el convenio con Fundación Caja Cantabria “fue un error” porque ni en 2012, cuando se aprobó el PGOU, ni ahora había interés real de hacer en ese espacio viviendas y con ello se cerró una residencia.
Reclamación contra otras administraciones
Además, Casares considera “bastante grave” que el Ayuntamiento de Santander reclame ahora al Gobierno de Cantabria y al Gobierno de España, “y abra una nueva vía judicial, ahora contra administraciones”.
El líder socialista considera que esta “mala costumbre” que está adoptando el equipo de gobierno “de judicializar sus problemas políticos”, primero contra vecinos, como en el caso del abogado que defendía la modificación de requisitos de la ordenanza de la plusvalía, y ahora contra administraciones. “No resuelve nada, en la mayoría de los casos dan la razón a la otra parte, pero cuestan mucho dinero a los bolsillos de los santanderinos” denuncia.
“No hay precedente alguno” asegura el edil, a la vez que explica que ha preguntado en la reunión de la comisión de Desarrollo Sostenible, celebrada esta mañana, sobre la cuantificación de la responsabilidad patrimonial “y no tienen ninguna estimación concreta, pero es más, el propio concejal reconoce que puede ser de 0 euros o lo que es lo mismo, ninguna”.
Por último, Pedro Casares recuerda que los grupos municipales de la oposición “siguen a la espera” de la convocatoria extraordinaria para conocer las consecuencias “reales” de la anulación del PGOU, tras la petición realizada por PSOE y PRC.
“Siguen sin poner fecha al pleno extraordinario que hemos pedido socialistas y regionalistas para poner negro sobre blanco y conocer toda la verdad sobre el alcance y el coste que va a tener para Santander la anulación de un PGOU que en 2012 desde el PSOE denunciamos por irreal y que ahora también sabemos que es ilegal” concluye el edil.
