El secretario de organización del PSOE y portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, crítica los retrasos en el proceso de selección de la imagen de marca de la ciudad, “que ha tardado dos años en iniciarse tras el escándalo de plagio anterior”.
Se refiere así al acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local esta semana de las bases del concurso para la creación de la marca gráfica de la ciudad de Santander, así como las remuneraciones de los finalistas y el ganador, después de que en enero de 2016 el Ayuntamiento tuviera que anular el concurso anterior por plagios y erratas.
Fernández espera que esta vez el proceso de elección de una marca que identifique a Santander sea riguroso “y que la elección de un jurado profesional como ha anunciado el equipo de gobierno sirva para que esta vez no se elija un logo plagiado y lleno de errores.
“Esperamos que la finalidad de este concurso esta vez pueda cumplirse y se logre tener un logo que identifique a la ciudad” ha subrayado. No obstante, para el número dos del PSOE, el equipo de gobierno del PP “debería ser prudente a la hora de elegir adjetivos para calificar el proceso” porque su gestión “ha dejado mucho que desear hasta el momento”.
A su vez, el edil denuncia que “es vergonzoso” que la oposición conozca por los medios de comunicación un proceso como el de elección de imagen de marca de Santander “porque la transparencia y la dación de cuentas no son la marca del PP”.
Y crítica que desde que el 25 de enero de 2016 se celebró la reunión de la comisión de Innovación, Turismo y Comercio, para debatir y analizar esos hechos, a propuesta del PSOE “no se ha vuelto a contar para nada concerniente al logo con la oposición”.
Plagio en 2016
Por último, Daniel Fernández recuerda que el 11 de enero de 2016, unos días antes de la celebración de FITUR, se anunció la presentación, donde los santanderinos y el sector turísticos iban a poder votar para elegir la imagen que utilizará Santander para identificarse.
Para ello, debían decantarse por una de las tres posibles marcas desarrolladas por una empresa “seleccionada por el equipo de gobierno”, a quien les había adjudicado el trabajo en mayo de 2015, “en plena campaña electoral” por un importe de 60.000 euros. El concejal socialista recuerda que, tras demostrarse que existían serias dudas sobre la originalidad del trabajo, se rescindió el contrato con la empresa y se anuló el proceso.