Santander, 09 de febrero de 2022. La secretaria de Organización del PSOE Cantabria, Noelia Cobo, considera que el acuerdo para garantizar por ley un incremento de los precios concertados, acorde a las actualizaciones de los convenios, representa el “inquebrantable compromiso” del PSOE con el sector de la dependencia y la discapacidad, resaltando que esta reforma supone un impulso para favorecer la mejora salarial de las personas trabajadoras del sector.
Para Cobo, la iniciativa de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, encabezada por la socialista Ana Belén Álvarez, acordada con las principales entidades del sector y los agentes sociales, supone un importante impulso a la profesionalización de un sector trascendental para la atención social y con una cada vez más importante influencia en la economía regional. Que se asegure mediante ley que cualquier subida salarial a los trabajadores que acuerden los sindicatos y las patronales vaya acompañada de una subida en el precio de las plazas concertadas, es “garantizar el cuidado a los que cuidan”, ha resumido.
La número dos de los socialistas de Cantabria ha señalado también la importancia de que este acuerdo se haya certificado mediante el diálogo generado entre el Gobierno, las patronales y los sindicatos de la dependencia y discapacidad. “Una vez más, la gestión del PSOE se ve fortalecida por la capacidad de alcanzar acuerdos contando con la participación de los agentes sociales”.
La también portavoz parlamentaria del PSOE Cantabria ha recordado en este sentido que el PSOE “siempre escucha” a todas las partes antes de proponer acuerdos como el que trajo a Cantabria al inicio de la crisis medidas en materia de protección social, apoyo a las personas y fomento del empleo y la actividad económica ·en unos momentos donde la ciudadanía precisaba de ese diálogo y de soluciones urgentes ante la situación que vivíamos”.
La dirigente socialista ha garantizado el apoyo del Parlamento de Cantabria ante la tramitación de la Proposición de ley de modificación de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de derechos y servicios sociales dado que “sería inaudito” que algún grupo político rechazara un acuerdo social “logrado en base al diálogo y la responsabilidad y que beneficia a todo el sector, especialmente a las personas trabajadoras”, ha remarcado.
