El Grupo Parlamentario Socialista extrae en sus conclusiones que “el caso Ecomasa – Néstor Martín se produce exclusivamente por una decisión política de Ignacio Diego y su equipo que no tenía planificación”.
Según, la diputada socialista, Silvia Abascal, portavoz de la Comisión de Investigación que ha realizado el Parlamento de Cantabria, “la decisión política de Diego, hizo que Ecomasa, recibiera fondos públicos del ICAF y SODERCAN, por importe de 18 millones de euros en concepto de financiación y línea de avales, con pocas o nulas garantías de recuperar el dinero público prestado y provocó el sacrificio de las indemnizaciones por despido de los trabajadores de Teka”.
Abascal, considera “llamar a Ecomasa un proyecto empresarial, sería insultar a todos los empresarios y empresarias de Cantabria que acuden a solicitar ayuda al ICAF y SODERCAN, porque lo que se desprende de esta Comisión de Investigación es que se elaboró un plan, que tuvo como consecuencia una posible estafa al erario público”.
Un plan, señala que “contaba con una operación financiera entre Teka y Ecomasa International Heat S.L (EIH) de 3,3 millones de euros de la aportación inicial de Teka al proyecto de Ecomasa mientras que Jesús Lavín y Andrés de León, administradores de Ecomasa en la vida de todo el proyecto solo aportarlo 226.000 euros, un 1 por ciento de la financiación total que fue de un montante de 21,5 millones de euros”.
De esa operación financiera, la socialista apunta que “algo más de 3,2 millones de euros provenían de las indemnizaciones por despido de los trabajadores de Teka, que renunciaron a cobrar su sueldo por mantener su puesto de trabajo así como la antigüedad del mismo, algo que tampoco se respetó”.
Asimismo, explica que las operaciones financieras de Ecomasa, “se entrelazan en varias estructuras y provoca que se pierda la trazabilidad de 12 millones de euros del dinero público”.
Por ello, cree que “es inconcebible que la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga guarde silencio por esa supuesta deviación de 12 millones de euros, del mismo PP del que entonces era vicepresidenta del Gobierno de Cantabria”.
Abascal dice que “lo grave de este asunto es que este proyecto fallido podría constituir un delito de malversación de fondos públicos sostenido en el tiempo, ya que la situación empieza en el primer año de su creación y no cesa hasta que se pone fin a la inversión”.
Por este motivo y todo lo anterior, asegura, “desde el Grupo Parlamentario Socialista solicitaremos que las conclusiones de la Comisión de Investigación se eleven a la Fiscalía para iniciar una posible investigación que permita determinar la trazabilidad de ese dinero invertido y en mano de quien o quienes acabó”.
Asimismo, declara que “ante la manifiesta responsabilidad política del PP en este asunto, exigimos una serie de responsables con nombre y apellidos; Ignacio Diego como presidente de Cantabria y máximo responsable de las decisiones que se tomaron bajo su mandato, Cristina Mazas, consejera de Economía y responsable del ICAF, máxima responsable de que se concedieran créditos sin ningún tipo de garantía de pago a una empresa que no hacía frente a sus responsabilidades de pago”.
El proyecto interesado e inviable de Ignacio Diego
Para Silvia Abascal, “Ecomasa fue un proyecto, que no contaba con ningún tipo de respaldo ni viabilidad, pero si se pueden encontrar vestigios de lo que podría ser una red clientelar, ya que el, por aquel entonces Director del ICAF, Jorge Gómez de Cos y uno de los empresarios, el Sr. Lavín compartieron la gestión de la empresa Gestión y Urbanismo de Cantabria SL y a su vez también existían relaciones entre Ignacio Diego y el Sr. León”.
“La conjunción de las relaciones personales y el problema político que el Gobierno del PP tenía encima de la mesa con Teka, fraguaron este entramado empresarial que arrancó en 2012, pero que en 2013 ya dejó evidente su inviabilidad”, explica.
En esta línea, finaliza que “a pesar de que la empresa ya era tremendamente deficitaria en su primer año de vida ya que no cumplía ni con los márgenes de venta ni de producción, el Gobierno de Diego nuevamente y sin ningún tipo de soporte documental, decidió seguir con un proyecto que cada vez se hundía más y más en el fango”.
