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‘UN AÑO DE GOBIERNOS LOCALES’. INTERVENCIÓN INAUGURAL DE LA JORNADA A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL PSC-PSOE, EVA DÍAZ TEZANOS.

En primer lugar quisiera agradecer a la Agrupación Sudeste del PSOE en Santander su invitación para abrir esta Jornada sobre un año de los Gobiernos locales, en la que estoy segura que se hablará del papel de los Ayuntamientos en este momento. Un debate, no sólo  oportuno, sino necesario.

 

Oportuno porque un año después de unas elecciones municipales en la que muchos y buenos alcaldes y alcaldesas socialistas pagaron en las urnas el comprensible malestar ciudadano por la crisis económica, es un buen momento también para hacer balance de lo que ha ocurrido a lo largo de estos doce meses.

 

Y es una jornada necesaria, porque ahora mismo, los socialistas hemos sido, somos y seremos municipalistas. Somos un partido de clara vocación municipalista. Creemos en el municipalismo, porque creemos en las políticas  por y para las personas; políticas cercanas, con especial atención a los problemas y a las necesidades de los ciudadanos.

 

El mapa municipal español cambió radicalmente después de que en 1979 el PSOE entrara a gobernar en la gran mayoría de las ciudades españolas. En casi todas las importantes, pero también en los pequeños municipios. Fijaros si el resultado de aquellas elecciones municipales fue importante que, tras aquel triunfo, solo tres años después, en 1982, el PSOE ganaba las elecciones generales con mayoría absoluta y se iniciaba una larga y fructífera etapa de gobierno socialista en España.

 

Es evidente para quien quiera analizarlo con objetividad que hay una gran diferencia entre los ayuntamientos donde hemos gobernado o gobernamos los socialistas y aquellos otros donde lo ha hecho el Partido Popular.

 

Todas las grandes ciudades de Cantabria, menos Santander, que siempre se nos ha resistido, han disfrutado de largos períodos con alcaldes del PSOE, que han permitido no solo transformar esos municipios, sino poner el centro de nuestra acción política en los problemas cotidianos de las personas: en el empleo, en la educación, en la asistencia social, en la participación activa en los asuntos del municipio, en el medio ambiente… y en tantas cuestiones fundamentales para construir espacios accesibles y habitables para todos los ciudadanos y ciudadanas.

 

Desde Torrelavega a Camargo, de El Astillero a Santoña, o de Castro Urdiales a Reinosa, si hablamos de las grandes localidades. Pero también hemos gobernando en municipios pequeños: Val de San Vicente, Enmedio Ampuero, Suances, Colindres, Santillana, Tresviso, Rasines, Limpias, Peñarrubia… Incluso en mayo pasado, precisamente cuando peor pintaban las cosas para nuestro partido, logramos alcaldías que tradicionalmente han estado en manos de la derecha, como es el caso de Liérganes.

 

Es cierto que hemos perdido alcaldías y concejales. Hemos perdido muy buenos alcaldes y alcaldesas que han dejado de serlo porque los ciudadanos nos hacían responsables, a todos los socialistas, al Gobierno de España y a los concejales del más pequeño de los municipios, de los terribles efectos provocados por la  crisis.

 

¿Y qué hemos hecho los socialistas en este año? Seguir trabajando para recuperar la confianza de los ciudadanos. En el año transcurrido desde las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo los socialistas hemos llevado a los ayuntamientos nuestras propuestas e iniciativas, buscando, como siempre, la defensa de los intereses de los vecinos.

 

Preocupados siempre por dar respuesta a las demandas y necesidades de nuestros convecinos. Más aún en una situación como la actual donde los gobiernos de la derecha, tanto en Cantabria como en España, intentan cargar sobre las espaldas de los más débiles el mayor coste de la crisis.

 

En las corporaciones municipales, tanto nuestros alcaldes como nuestros concejales, ya sea desde la oposición o compartiendo gobierno, han defendido, en la medida de sus posibilidades y en el ámbito de sus competencias, que la crisis no rompiera los equilibrios sociales, que la solidaridad y la equidad prevalecieran sobre las políticas insolidarias de la derecha, que están dejando a muchos ciudadanos al borde de la desesperación.

 

Llevamos un año de retrocesos y recortes en Cantabria y casi 7 meses de retrocesos y recortes en España. Y en este escenario de recortes, el PP ha lanzado el mayor ataque conocido contra el municipalismo.

 

Los ayuntamientos han sido declarados también culpables de la crisis. El Gobierno de Rajoy, incapaz de solucionar ninguno de los problemas de España, ha decido echar la culpa a los demás. Culpable es el parado que nos busca trabajo. Culpable es el funcionario que no trabaja suficiente. Culpable es el dependiente que quiere recibir los derechos que la ley le da. Culpables son los trabajadores, culpables los sindicatos, culpables los socialistas, culpables las Comunidades Autónomas… Y ahora también son culpables los ayuntamientos…

 

Y nosotros no vamos a asumir esa culpabilidad, porque no es cierto. Porque lo que hay detrás es un cambio del modelo territorial que tiene nuestro país. El PP, con la coartada de la crisis, nos quiere cambiar no solo el modelo social, sino el modelo territorial de nuestro país.

 

Que hay Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que no han hecho bien las cosas, por supuesto, pero tienen nombres y apellidos. No todos los ayuntamientos tienen la deuda mil millonaria de Madrid o del Ayuntamiento de Santander, donde desde 1979 no ha gobernado ninguna fuerza política que no fuera de derechas.

 

Torrelavega, donde los socialistas hemos gobernado hasta mayo del pasado año, no es una ciudad endeudada. Por lo tanto, no pueden pagar justos por pecadores.

 

Con la excusa de la crisis, el PP quiere revisar a la baja el estado de las autonomías. El argumento es que gastan mucho y mal. Tienen razón si hablan de Valencia, de Madrid o de Murcia. Pero ya sabemos quién gobierna en esas comunidades autónomas.

 

Y ahora quieren cambiar las reglas del juego en los ayuntamientos. En los pequeños, impidiendo que puedan seguir haciendo política de cercanía, reduciendo sus márgenes de actuación en lo económico y en lo político.

 

No hace tanto tiempo, en la legislatura pasada, se abrió el debate sobre la segunda descentralización: competencias autonómicas que podían ser transferidas a los municipios porque las gestionarían mejor. Como ha ocurrido con la mayor parte de las competencias transferidas del Estado a las Comunidades Autónomas, que han servido para prestar los servicios a los ciudadanos en mejores condiciones.

 

Y ahora, el PP pretende volver al Estado centralista, ese que algunos añoran, pero que no era mejor, ni mas barato, ni, por supuesto, más democrático que el actual.

 

Los socialistas no vamos a permitir que se prive a los pequeños ayuntamientos de capacidad económica y decisión política. Vamos a defender el municipalismo, porque esta en nuestro ADN político, y  porque siempre lo hemos hecho.

 

No vamos a permitir que se ataque a los pequeños ayuntamientos, donde no es verdad que exista un gasto desmesurado.  Empezando porque la mayoría de los concejales que están en ellos no cobran y son los representantes de todo el pueblo.

 

Con la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local el Gobierno del PP nos quiere dar gato por liebre. Claro que somos partidarios de racionalizar las retribuciones de los concejales.  Pero no mirando a los consistorios de mil habitantes, sino a otros como los de Madrid, Barcelona o Santander. Es en la capital cántabra donde con un alcalde del PP, Íñigo de la Serna,  hay 14  concejales liberados, con sueldos que pagamos todos de nuestros impuestos. En un Ayuntamiento en quiebra, lleno de deudas. Y eso sin contar asesores, directores generales y otros cargos de libre designación. ¿Racionalizar el gasto? Por supuesto. Pero mirando en la dirección correcta, aunque no les guste, me refiero al PP, lo que ven.

 

Hay que decir alto y claro que no es cierto que haya miles de concejales cobrando impresionantes sueldos. Que el 90 por ciento de los ediles no reciben ni un solo euro, sino que son un batallón de voluntarios de distintas fuerzas políticas, al servicio de los ciudadanos. Que hacen su trabajo de manera altruista, dejando su ocio y familia para servir a su pueblo y a sus convecinos.

 

La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local del PP es un verdadero despropósito, hecho desde un profundo desconocimiento de la vida municipal.  Dice el Gobierno que su aplicación permitirá ahorrar 3.500 millones de euros. Mienten.  La deuda pública y privada de España está estimada en 800.000 millones de euros. ¿Sabéis cuál es la de las corporaciones locales? 28.000 millones de euros y, además, en su mayor parte concentrada en las grandes ciudades.

 

De hecho, cabe preguntarse dónde estará el ahorro si los servicios se seguirán prestando desde las diputaciones, en el caso de Cantabria desde el Gobierno regional, a no ser que lo que se busque sea la privatización o el desmantelamiento de esos servicios, sobre todo, en los 7.500 municipios de menos de 20.000 habitantes, que es lo que está en el fondo de su propuesta.

 

Lo que busca el PP es dejar sin determinados servicios a los ciudadanos quitándoles la cercanía existente entre elector y elegido, algo fundamental en la democracia. No pretende buscar más eficacia ni ahorrar, sino desmantelar el Estado de Bienestar que prestan los ayuntamientos o privatizar determinados servicios porque creen haber  visto un buen nicho de negocio. Es lo que están haciendo en las autonomías y lo que pretenden hacer ahora en el nivel municipal.

 

Las propuestas del PP están cargadas de una demagogia sin límite. Recortan dinero, recortan derechos y ahora quieren recortar el número de concejales para transmitir el sibilino mensaje de que sobran políticos.

 

Rajoy intenta trasladar a la opinión pública que los alcaldes y concejales son los culpables de la crisis, cuando la inmensa mayoría de ellos, y los que estáis aquí podéis dar fe de ello, no cobran y sois un verdadero batallón de voluntarios al servicio de vuestros vecinos.

 

Lo socialistas estamos dispuestos a hablar de forma seria, rigurosa y razonable de las retribuciones de alcaldes y concejales. Pero seamos serios y empecemos por donde se debe empezar.  ¿Ha invitado Rajoy a bajarse el sueldo a las alcaldesas de Madrid, Ana Botella, o de Valencia, Rita Barberá, o al Alcalde de Pozuelo, que cobra más que el presidente del Gobierno?

 

Los socialistas estamos  de acuerdo en regular, en función del número de habitantes y presupuesto, las retribuciones de los alcaldes y concejales en los ayuntamientos.

 

Los socialistas estamos trabajando para modificar el régimen local en España, que data de 1985, que aunque ha jugado un papel importante, actualmente la coyuntura de los ayuntamientos cuenta con rasgos distintos, por lo que es necesario acometer una reforma. Pero no estamos dispuestos a soportar las  ocurrencias del PP.

 

Los socialistas no vamos a consentir que se culpe a los ayuntamientos de los problemas que tiene este país.

 

Los socialistas no vamos a permitir que se tiren por la borda los esfuerzos que se han hecho en el medio rural, para equiparar los servicios que reciben los ciudadanos de los núcleos más alejados con los de las ciudades.  Las entidades de carácter intermedio, como las mancomunidades, son vitales para prestar los servicios a los pequeños ayuntamientos, han dado excelente resultado y deben mantenerse, mejorarse y extenderse allí donde todavía no existen.

 

No podemos volver a que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, dependiendo del municipio en que se vive y de cuál sea su número de habitantes.

 

Estamos de acuerdo en delimitar competencias, porque cada administración debe tener claras cuales son la suyas y evitar  que se produzcan duplicidades.  Y debe existir la financiación que haga posible que puedan sufragar los servicios que se prestan.

 

Desde el PSOE estamos en contra de propiciar la privatización y el desmantelamiento de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos; y defendemos la necesidad de renovar, mejorar y modernizar las Entidades Locales desde el pleno convencimiento de que los ayuntamiento han jugado, tienen que jugar y jugarán un papel clave en el desarrollo de la convivencia en nuestro país. Se trata de lograr que los ayuntamientos sigan jugado el papel que les corresponde en el marco constitucional y democrático. Y ese debe ser nuestro principal objetivo.

 

 

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