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22.12.2011

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El PSOE afirma que cuando dejó el Gobierno las operaciones del ICAF seguían sin computar como deuda


Díaz Tezanos hace público el documento del Banco de España y se pregunta por las razones del cambio que el Ejecutivo del PP sigue sin dar a conocer

La portavoz del Grupo parlamentario socialista, Eva Díaz Tezanos

Santander, 22 de diciembre de 2011.

El Banco de España comunicó al Gobierno de Cantabria, con fecha 1 de marzo de 2010, que el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) quedaba clasificado como institución financiera, precisando que "a los efectos del cálculo de la deuda pública (....), esta sectorización implica no incluir en la deuda de la Comunidad Autónoma de Cantabria los pasivos financieros de Instituto (...)". El documento de autorización emitido por el Banco de España fue hecho público hoy por la portavoz socialista, Rosa Eva Diaz Tezanos. Ésta señaló que "cuando dejamos el Gobierno, hace seis meses, seguían vigentes las mismas condiciones", por lo que, en su opinión, es el Gobierno del PP el que debe explicar "qué ha hecho mal en este tiempo para que ahora se nos obligue a incluir la deuda del ICAF en el presupuesto".

La primera noticia sobre la obligación de consolidar como deuda pública los 78 millones de euros en prestamos y avales comprometidos por el ICAF la ofreció la pasada semana la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas. Ésta dijo que eran instrucciones recibidas del Banco de España y responsabilizó del problema suscitado a la herencia dejada por el anterior Ejecutivo. A pesar de las peticiones para que la consejera entregara el documento y de las declaraciones del diputado popular Juan Carlos Albalá ante la comisión de Hacienda prometiendo que próximamente lo llevaría al Parlamento, lo cierto es que a día de hoy dicho documento "no nos ha sido entregado ni hecho público. ¿Es esa la transparencia y el compromiso de decir siempre la verdad que el Gobierno de Diego contrajo con los cántabros?", se pregunta la dirigente socialista.

Díaz Tezanos pretende conocer qué ha ocurrido para que el Banco de España cambie de criterio. "Y eso es algo que sólo podremos saber cuando el Gobierno regional haga público el documento que dice haber recibido y donde, imagino, que los responsabes del banco emisor y de la Intervención General del Estado explicarán las causas que han determinado su cambio de criterio. A lo mejor son esas causas, precisamente, las que no quieren que conozcamos los diputados".

La portavoz socialista recuerda que el Gobierno del PP sólo ha incluido una operación nueva en la actividad del ICAF, escaso bagaje para que cambien tan drásticamente las condiciones.  "Me gustaría saber qué medidas ha tomado el gobierno de Diego, qué explicaciones han dado y si ha hecho su trabajo el nuevo gerente del ICAF y el Interventor General de la Comunidad Autónoma para evitar esa decisión".

La dirigente socialista desmienta a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo cuando afirma que la operación de Sonkyo es la única privada realizada por el ICAF. "No es verdad. La de Colegios del Mundo no es pública y la de Papelera la realizaba una empresa privada. La operación de avalar a Sonkyo, que el Gobierno del PP pone como ejemplo, es precisamente", añade Díaz Tezanos, "el paradigma de cómo no se deben hacer las cosas: la operación la anuncia el Presidente del Gobierno, dándola por tanto carácter de actuación impulsada por la Administración y el ICAF le concede a Sonkyo un aval para la operación, pero no sabemos con que contra-garantías, si es que existen. Y aquí esta la clave porque, si como me temo, no existen esas contra-garantías, la operación es pública y por tanto computa como deuda y con ella todo el ICAF", concluye Díaz Tezanos

En opinión de la portavoz socialista "el mensaje que el Gobierno del PP ha estado mandando con sus declaraciones al Banco de España, a la Intervención General del Estado o a las Agencias de calificación, es que pretende reformar la ley de constitución del ICAF dando garantías públicas a todas sus operaciones. Es decir asumiendo que todo el ICAF va a consolidar", señala. "Ese es el problema y el origen de que computen los 78 millones como deuda pública. Y por ello habría que pedir responsabilidades a este Gobierno. Por semejante desatino y porque la incompetencia sale muy cara a los intereses públicos", concluyó.

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