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14.12.2011

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El PSOE dice que las equivocadas decisiones del PP sobre el ICAF han provocado la consolidación como deuda de 78 millones


Díaz Tezanos durante una intervención en el Parlamento de Cantabria

Santander, 14 de diciembre de 2011. La consolidación como deuda pública de los 78 millones del Instituto Cantabro de Finanzas (ICAF) es responsabilidad "unica y exclusivamente" del Gobierno del PP, que ha convertido dicho organismo "en inservible como banco de desarrollo para grandes proyectos. Y es el Gobierno de Diego quien tiene que dar explicaciones por cargarse en seis meses uno de los instrumentos fundamentales para llevar a cabo las políticas económicas del Gobierno", ha manifestado Díaz Tezanos, vicesecretaria general del PSC-PSOE y portavoz del Grupo parlamentario socialista.

Diaz Tezanos afirma que han sido las decisiones tomadas por el Gobierno del PP, los errores cometidos en el planteamiento de nuevas operaciones -de hecho sólo una, la de Sonkyo-, pero sobre todo "las irresponsables declaraciones del presidente Diego y de sus consejeros sobre la nueva función del Instituto de Finanzas, concretada en la Ley de Acompañamiento y la reforma de la ley de constitución del ICAF para dar garantías públicas a todas sus operaciones, lo que ha podido provocar el cambio de actitud del Banco de España y de la Intervención General del Estado (IGAE)".

La vicesecretaria general del PSC-PSOE explica que para que una operación financiera no compute como deuda pública es imprescindible que el riesgo de la misma no recaiga sobre la administración. "Por eso el Gobierno anterior diseñó las operaciones interponiendo empresas privadas entre el financiador, el ICAF, y lo financiado, por ejemplo Papelera del Besaya. Era la empresa privada intermedia, por tanto, quien asumía el riesgo y nunca la administración", precisó Díaz Tezanos.

La portavoz parlamentaria socialista mostró su extrañeza por las declaraciones de la consejera Mazas y el supuesto cambio de opinión del Banco de España e IGAE. "El activo y el pasivo del ICAF es, salvo la operación con Sonkyo, el mismo que existía cuando dejamos el Gobierno hace cinco meses. Y por dos veces el Banco de España, y la Intervención General del Estado sacaron al ICAF de la consolidación", aseguró. La intervención de Cantabria explicó las operaciones que tenía en marcha el ICAF y las instituciones responsables "entendieron nuestra postura. Los documentos del Banco de España que avalan lo que digo están en el ICAF", añadió la portavoz parlamentaria del PSOE.

Díaz Tezanos se pregunta que ha sucedido en Cantabria para que el Banco de España y la IGAE hayan cambiado de postura. "Me gustaría saber qué medidas ha tomado el gobierno de Diego, qué explicaciones han dado y si han hecho su trabajo el nuevo gerente del ICAF y el Interventor General de la Comunidad Autónoma".

La dirigente socialista desmiente a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo cuando afirma que la operación de Sonkyo es la única privada realizada por el ICAF. "No es verdad. La de Colegios del Mundo no es pública y la de Papelera la realizaba una empresa privada. La operación de avalar a Sonkyo, que el Gobierno del PP pone de ejemplo, es precisamente", asegura Díaz Tezanos, "el paradigma de cómo no se deben hacer las cosas: la operación la anuncia el presidente del Gobierno, dándole por tanto carácter de actuación impulsada por la administración y el ICAF le concede a Sonkyo una aval para la operación, pero no sabemos con que contra garantías, si es que existen. Y aquí esta la clave porque, si como me temo, no existen esas contra garantías, la operación es pública y por tanto computa y con ella todo el ICAF", concluyó. Díaz Tezanos.

En opinión de Díaz Tezanos "el mensaje que el Gobierno del PP ha estado mandando con sus declaraciones al Banco de España, a la Intervención General del Estado o a las Agencias de calificación, es que pretende reformar la ley de constitución del ICAF dando garantías públicas a todas sus operaciones. Es decir asumiendo que todo el ICAF va a consolidar", señala. "Ese es el problema y el origen de que computen los 78 millones como deuda pública. Y por ello este Gobierno es el que tiene que dar explicaciones. Por semejante desatino y porque la incompetencia sale muy cara a losintereses públicos", concluyó.

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