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8.10.2009

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¿Profesión o explotación? Lo que interesadamente se omite


Artículo escrito por Susana Mediavilla Garmendia, secretaria de Igualdad del PSC-PSOE y diputada en el Parlamento de Cantabria

En las ultimas semanas hemos asistido a la reapertura de un viejo debate en nuestro país respecto a la prostitución, con argumentos y posturas enfrentadas entre partidarios de regular esa actividad, retirándola de las calles y los espacios públicos y confinándola en lugares cerrados, y los que propugnan su ilegalización y persecución.

Regular la prostitución como un trabajo no es la mejor opción por varias razones. En primer lugar no se pueden estar planteando derechos laborales cuando hay vulneración de “derechos humanos". Hemos de ser conscientes, además, que de las mujeres en situación de prostitución sufren la violación permanente de sus derechos humanos y  graves consecuencias para su  salud. La mayoría de las mujeres prostituidas sufren agresiones físicas, amenazas y violaciones, palizas, torturas, embarazos no deseados, infertilidad, daños permanentes en esqueleto y zona genital. Esta violencia, además, es ejercida tanto por parte de los compradores (prostituidores) como de los proxenetas, redes y mafias que trafican con ellas.

¿Cómo se puede pretender legalizar y regularizar como un trabajo más, una actividad que produce semejantes efectos y consecuencias sobre las mujeres que la ejercen? Lo que las mujeres prostituidas soportan equivale a lo que, en otros contextos, correspondería a la definición aceptada de acoso. ¿Acaso el hecho de que se pague una cantidad de dinero transforma ese abuso en un empleo al que se da el nombre de trabajo sexual comercial?

A su vez, tendría un difícil encaje en nuestro ordenamiento jurídico ya que chocaría tanto con preceptos constitucionales como la dignidad humana y la igualdad, como con el derecho laboral a disponer de un trabajo digno. ¿Alguno de nosotros animaríamos o recomendaríamos a una amiga, hija, hermana, a cualquier mujer, en definitiva, a dedicarse a la prostitución, un trabajo tan digno y tan normal como cualquier otro? Si en el fondo pensáramos que la prostitución es una expectativa laboral aceptable como otras, nuestra respuesta a estas preguntas sería afirmativa cuando en realidad no lo es. Una regulación de la prostitución sería comparable a una regulación del trabajo infantil. Es como si alguien planteara en otro momento legalizar la esclavitud.

Es necesario también alguna aclaración respecto de aquellos que defienden la regulación, ya que las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen voluntariamente. Este tramposo argumento es defendido principalmente por la Asociación de propietarios de clubes de alterne que, en España, mueve 18.000 millones de euros al año. Pero, pensemos por un momento. ¿Conocemos de alguna mujer cuya aspiración sea dedicarse a la prostitución lo mismo que otras enfocan su vida profesional hacia la rama sanitaria, la abogacía, la educación, la hostelería, el comercio, la ingeniería, la odontología o cualquier otra actividad laboral o profesional? La mayoría de las mujeres no entran en la prostitución a través de una decisión racional. No se sentaron un día y decidieron que querían ser prostitutas. No se trata de decisiones libres y racionales sino de “estrategias de supervivencia. Suele ser la última opción o alternativa dentro de un contexto donde no existen más posibilidades.

El acceso a una opción que, en un determinado momento y circunstancias, está a su alcance y su conformidad deriva de del hecho de tener que adaptarse a las condiciones de desigualdad que son establecidas por el consumidor (prostituidor) que le paga a ella para que haga lo que él quiera. Por ello, ha de quedar claro que esta “supuesta voluntariedad no existe. La mayoría de las mujeres que han dejado la prostitución reconocen que les costó mucho tiempo darse cuenta de que la prostitución no fue el resultado de una libre elección, porque negar su propia capacidad de elección era negarse a sí mismas.

Y por último, aunque no por ello menos importante, porque la regulación supondría la normalización de la prostitución en nuestra sociedad, lo que supone un obstáculo y retroceso hacia el desarrollo de relaciones en plano de igualdad entre mujeres y hombres, sin subordinación y dominación de los unos sobre las otras. Cuando las barreras legales desaparecen, también desaparecen las sociales y las éticas con respecto al hecho de tratar a las mujeres como productos. La legalización y regulación de la prostitución supone enviar el mensaje a las nuevas generaciones de hombres de que las mujeres son productos sexuales. Sería tanto como legalizar un estatuto según el cual el cuerpo de las mujeres puede ser comprado para que los hombres satisfagan sus necesidades sexuales y que pueden usar a su antojo porque para eso pagan.

Por todo lo expuesto, el camino a seguir es trabajar para que las mujeres tengan alternativas, no para normalizar que se las explote. No se trata de sacarlas de la calle, (lo cual no soluciona el problema, sólo le oculta), si no, en su caso, sacarlas de la prostitución. En este sentido, la pasada legislatura se promovió la constitución en el Congreso de una ponencia que abordara la situación actual de la prostitución en nuestro país. Es base a sus conclusiones y fruto de esta decidida apuesta por luchar contra el tráfico de mujeres y la explotación sexual, el Gobierno aprobó el pasado 12 de diciembre, el primer Plan Integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Un Plan dotado con 44 millones de euros, que tiene una vigencia de 3 años (2009-2011), y que se articula en torno a tres ejes: atención y protección a las víctimas; lucha efectiva contra las mafias, traficantes y proxenetas, y sensibilización, prevención y coordinación.

El Gobierno está abordando de frente un problema tan grave como la explotación sexual de mujeres y niñas con el objetivo de erradicar la trata, ofrecer oportunidades a las mujeres víctimas y frenar la normalización de la explotación sexual: una de las formas de violencia más viejas del mundo. No podemos permitir que, en pleno siglo XXI, un número importante de mujeres vean pisoteados sus derechos y sean convertidas en meros objetos, en mercancía, para beneficio de proxenetas y redes. Defendemos que la prioridad es terminar con las redes y las mafias, proteger y asistir a las víctimas, cooperar con los países de origen y concienciar a la ciudadanía de que la trata es un comercio cruel e ilícito que supone siempre una clara vulneración de los derechos humanos. Creemos que este es el camino a seguir, en colaboración con todas las administraciones y con la sociedad en general. Las actitudes hipócritas y demagógicas no ayudan a resolver problemas, sólo los acrecientan.

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