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18.2.2017

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Crónica de un PGOU anulado


Tribuna de Pedro Casares en El Diario Montañés

La credibilidad es básica en política, porque se produce como resultado de la honestidad, la congruencia y el liderazgo sobre cualquier cuestión. Quien aspira a convencer a los demás para seguir un rumbo y alcanzar una meta en común, debe ser confiable y por lo tanto creíble. En estos días, si algo sabemos en Santander, es que el Partido Popular carece de credibilidad urbanística tras la anulación de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que era irreal en 2012, y que hoy sabemos que también es ilegal.

En Cantabria, Santander no es una excepción, planes urbanísticos anulados, cientos de sentencias de derribo y leyes urbanísticas declaradas inconstitucionales, llevan la firma del Partido Popular y ponen de manifiesto la ausencia de credibilidad urbanística para dar lecciones.

Volver a 2012 parece un recurso fácil cuando se trata de buscar respuestas a la situación actual que atraviesa la ciudad y los efectos que puede tener la anulación del PGOU. Pero ese retorno al pasado se hace imprescindible si en la mirada al futuro tenemos como objetivo lograr un planeamiento real del modelo de ciudad que queremos para Santander. Ya en 2012 dijimos - y hoy es justo recordarlo- que el planeamiento de la ciudad era falso y no respondía a las necesidades de los santanderinos. Un PGOU que planteaba tener 82.000 habitantes más en 2024, hasta llegar a los 260.000 habitantes, para lo que eran necesarias más de 30.000 viviendas de nueva construcción. Era una falsedad entonces y lo sigue siendo ahora. En una ciudad donde cada año perdemos más de 1.000 habitantes;  donde los jóvenes se marchan, en el mejor de los casos a las ciudades limítrofes, en busca de oportunidades para vivir y trabajar que aquí no tienen; donde el comercio cierra ante la falta de políticas para dinamizar y reactivar la ciudad; en la que no se elabora un nuevo plan que atraiga y asiente nuevas fuentes de desarrollo empresarial… era impensable en 2012 y ahora, que la ciudad creciera al ritmo que pronosticaba el Partido Popular. Lo cual evidencia que las causas y las consecuencias de aquel Plan General nada tenían que ver con defender el interés general de los santanderinos.

En las últimas semanas, se han vertido acusaciones que es necesario aclarar para avanzar desde la responsabilidad política que nos corresponde a todos. Cuando el PGOU se aprobó en 2012, la Audiencia Nacional ya había sentenciado contra el bitrasvase y aun así, siguieron adelante con un proyecto sobre el que ya existían fallos judiciales contrarios. Sentencia que confirmó el  Tribunal Supremo en 2013. Desde entonces, gobernando el Partido Popular en Santander, Cantabria y España, no fueron capaces de regularizar el bitrasvase ni de adaptar el PGOU para adecuarlo a la nueva realidad.

Pero es que aún es más grave, porque cuando el Partido Popular acusa una y otra vez la responsabilidad de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana a “una deficiente evaluación ambiental, que realizó el PSOE en su anterior etapa en el Gobierno”, está mintiendo. Pretender confundir a la ciudadanía, retorciendo la realidad en el tiempo y buscar culpables para no asumir la responsabilidad que tienen sobre la anulación, desmerece la acción de quien pretende representar a los ciudadanos y velar por sus intereses. El recurso que presentó Arca (Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria), estimado por el Tribunal Supremo y que dio lugar a la sentencia que anula el PGOU por unanimidad de de la Sección Quinta de la Sala Contencioso Administrativa del Alto Tribunal; es contra la Resolución de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas de 12 de abril de 2004, como se puede comprobar en los antecedentes y el fallo de la sentencia. Aquel día, el Gobierno de José María Aznar seguía en funciones y fue el que emitió aquella resolución recurrida que nos trae como consecuencia la anulación del PGOU.

En estos días, el 23 y 24 de febrero, el Parlamento de Cantabria aprobará los Presupuestos Generales de Cantabria para 2017, se hace necesario recordar que el Partido Popular presenta una enmienda parcial a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para incluir una modificación de la Ley del Suelo como solución más rápida y segura a la anulación del planeamiento. Ni es más rápida, porque pasaría al menos un año hasta desarrollar las normas urbanísticas transitorias, ni es más segura cuando está tramitándose una nueva Ley del Suelo de Cantabria, que dará respuesta a los desafíos actuales, y coherencia tras 16 modificaciones legislativas desde el año 2000.

¿Qué pretende el Partido Popular cuando lanza al aire esta acusación? Únicamente parece querer que el enfrentamiento político desdibuje la realidad, encone el debate y lo conduzca al espacio de los reproches mutuos y las acusaciones partidistas. No nos van a encontrar en ese camino y sirvan estas líneas simplemente para aclarar unos hechos de los que espero no tener que volver a pronunciarme porque a cada mentira, habrá una explicación, a cada interpretación errónea de la realidad, habrá una confirmación contrastada de cómo sucedieron los hechos en cada momento.

La única verdad es que el Partido Socialista se opuso en todo momento a este PGOU y fuimos los únicos que votamos en contra de la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento. Hoy pedimos al Partido Popular que deje de volver al pasado, fijando un horizonte de futuro en el que trabajar todos juntos para hacer un Plan General de Ordenación Urbana real y legal, sostenible y respetuoso con la ciudad heredada, que diseñe el Santander de los próximos años. En el PSOE tenemos claro que no fuimos parte del problema, pero queremos ser parte de la solución.

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