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11.11.2015

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Díaz Tezanos prioriza la política social en un Presupuesto que aspira a mejorar la vida de los ciudadanos de Cantabria


El Gobierno atenderá a la emergencia social, la pobreza infantil, las personas en situación de dependencia y con discapacidad, los afectados por sentencias de derribo, las víctimas de la violencia machista, y a la UC y el tejido productivo de Cantabria po

Eva Díaz Tezanos y el equipo directivo de su consejería

La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha presentado hoy el Presupuesto de su departamento para 2016, que prioriza la política social, a la que destina más de la mitad de los casi 400 millones de euros con que contará la Consejería para “mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Cantabria, especialmente de aquellos que lo están pasando peor”.

Díaz Tezanos ha asegurado que el objetivo es que el Presupuesto “se deje sentir en la vida de las personas” y por eso hará frente a aquellas cuestiones que “no pueden esperar”, lo que ha supuesto un descenso de otras partidas, fundamentalmente en inversiones y obras “porque este Gobierno tiene claro que la prioridad en este momento son las personas”.

La situación de emergencia social por la que atraviesan miles de ciudadanos de Cantabria y la pobreza infantil; las personas en situación de dependencia y con discapacidad, los afectados por sentencias de derribo, las víctimas de la violencia machista, la UC y el tejido productivo de Cantabria son los ámbitos que la vicepresidenta ha situado en el centro de las futuras políticas.

Así, se destinarán más de 212,5 millones de euros (+3,71%) a “recuperar los niveles de calidad del estado de bienestar, garantizando el desarrollo de la ley de Servicios Sociales y atendiendo de forma prioritaria y eficaz las necesidades de las personas y a los menores en situación de exclusión social”.

El ICASS y la Dirección General de Política Social pondrán en marcha con este Presupuesto el Plan de Emergencia Social, la Red de Apoyo a personas y familias afectadas por la crisis en coordinación con ayuntamientos y ONG, la Red Centinela de Pobreza Infantil, el Plan Estratégico de Servicios Sociales, el Plan de Servicios Sociales de Atención Primaria y la elaboración de un convenio marco para hacer frente a la pobreza energética con los municipios y empresas comercializadoras de gas y electricidad.

Además, entre otras medidas, se iniciará la elaboración de un plan sectorial de apoyo a las familias, se evaluarán los servicios del menor para recuperar las prestaciones y programas que figuran en la ley, se pondrán en marcha nuevos programas para adolescentes víctimas y agresores, un programa integral para menores expuestos a la violencia de género, programas experimentales en materia de intervención familiar, se convocará el consejo del pueblo gitano y se recuperará el programa de apoyo a cuidadores en el entorno familiar.

Diaz Tezanos ha explicado que su departamento destinará más de 25 millones de euros al Plan de Emergencia Social y Pobreza Infantil, lo que supone un 27,2% más que en 2015, a los que se sumarán las partidas que destinen el resto de consejerías implicadas en este plan, que se aprobará a finales de este mes.

La renta social básica (21,4 millones de euros), las prestaciones económicas individualizadas (1 millón de euros), el Fondo de Solidaridad (605.000 euros), el Fondo Extraordinario de Suministros Básicos (2 millones de euros) y el Plan de Desarrollo del Pueblo Gitano (91.200 euros) son las principales partidas económicas para atender la emergencia social, a las que se suman las destinadas a la pobreza infantil que sufren uno de cada tres menores en Cantabria, y que permitirán la puesta en marcha del Plan de Familias Desfavorecidas con menores en riesgo (288.500 euros), ayudas a familias en riesgo de exclusión para proteger a los menores y adolescentes (220.000 euros), guarderías y comedores escolares (65.000 euros) y el Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil (252.000 euros).

La vicepresidenta ha explicado que más allá de las situaciones de emergencia, su departamento trabajará para “promover un servicio público de servicios sociales moderno, de calidad, que dé respuesta a las nuevas necesidades sociales de los ciudadanos y que además esté asentado y coordinado en el territorio”.

Para la financiación de las estancias de personas mayores y personas con discapacidad en centros de atención diurna y residenciales el Gobierno destinará 66 millones de euros, a los que se suman, entre otras partidas, 29 millones de euros para las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y más de 9,5 millones de euros para el servicio de ayuda a domicilio.

Según ha asegurado la vicepresidenta, “este Gobierno apuesta claramente por los servicios sociales municipales y por eso los hemos blindado legalmente frente a la reforma local”. Así, la Consejería destinará más de 15 millones de euros (3,1 millones de euros más que en 2015) a los servicios sociales de atención primaria que se destinarán fundamentalmente al plan concertado, a los programas de servicios sociales de atención primaria, a los apartamento tutelados y a la teleasistencia. El servicio de asistencia domicilia contará con 7,4 millones de euros de presupuesto lo que implica un aumento de 15,5% respecto a 2015 “porque son un servicio fundamental para los ciudadanos”.

Política fiscal para los más desfavorecidos y hacer frente a deuda oculta de MARE

Garantizar los servicios básicos de abastecimiento de agua y de saneamiento y proteger la calidad ambiental es otro de los objetivos prioritarios que ha fijado Díaz Tezanos para el próximo año.

Para ello, se destinarán más de 42,7 millones de euros en el programa de infraestructura hidráulica y saneamiento (40,5 millones de euros), el de control y mejora de la calidad de las aguas (382.000 euros) y en actuaciones en el ámbito local (1,8 millones de euros) a los que se sumarán 3,7 millones de euros del Fondo de Compensación Interterritorial.

Además, el Ejecutivo cántabro se fijará de nuevo en los colectivos más desfavorecidos y así impondrá una exención del 100% de la parte fija del canon de saneamiento y del 70% de la variable con un consumo mínimo de 120 metros cúbicos o de 150 metros cúbicos si son más de tres personas para los beneficiarios de la Renta Social Básica, los perceptores de pensiones no contributivas por invalidez o jubilación, los perceptores del subsidio por desempleo y los de la ayuda a la dependencia cuyos ingresos estén por debajo del 1,5 veces el IPREM.

Junto a esto, reducirá la cuota tributaria de agua y basura a los ayuntamientos que incluyan en sus ordenanzas las bonificaciones a estos mismos colectivos.

Díaz Tezanos ha afirmado que con estas medidas pretende “establecer medidas que ayuden a estos colectivos a afrontar la situación por la que atraviensan” y corregir las medidas fiscales que el anterior Ejecutivo puso en marcha en este sentido y supusieron un “manifiesto fracaso” ya que solo 95 familias lo solicitaron y de ellas apenas 56 pudieron acogerse a la bonificación que solo afectaba al canon de saneamiento.

Además la vicepresidenta, ha criticado que el anterior Gobierno presupuestaba para MARE una cantidad que en febrero se incrementaba con trasferencias procedentes de Sanidad y ha denunciado que el Ejecutivo del Partido Popular ha dejado una deuda de 7 millones de euros con la empresa Aguas del Estado que ha reclamado al actual Gobierno.

Una universidad con suficiencia financiera y becas para estudiantes

La vicepresidenta, durante su intervención, ha puesto en valor el papel de la Universidad de Cantabria como pieza clave en el desarrollo económico y social de la región y en cambio de modelo productivo que este Gobierno quiere para la Comunidad Autónoma.

Díaz Tezanos ha asegurado que este Presupuesto cumple el compromiso que se adquirió con la institución académica en 2011 y combate “la política de recortes que el anterior Ejecutivo ha llevado a cabo durante cuatro años”.

Para el contrato programa, el Gobierno ha previsto una partida de casi 69 millones de euros (+3,2%) que se destinarán fundamentalmente al programa de suficiencia financiera (63,8 millones de euros).

La vicepresidenta ha destacado que además se pondrá en marcha el Plan Regional de Becas, dotado con 400.000 euros, porque este Gobierno no quiere “que haya fondos de contingencia social”. “Creemos en los derechos de los estudiantes y cada estudiante tiene que tener garantizada la formación universitaria independientemente e la situación económica de sus familias”, ha afirmado.

Las víctimas de violencia machista no pueden esperar

La consejera, entre sus objetivos políticos estratégicos, ha destacado la puesta en marcha de políticas de igualdad y lucha contra la violencia de género porque “las víctimas de violencia machista no pueden esperar y este Gobierno lo coloca en el primer lugar de la agenda política”.

La Dirección General de Igualdad y Mujer gestionará más de 3,1 millones de euros, de los que 1,7 millones de euros son para el fomento de la natalidad, y más de 650.000 euros para el programa de acción para la prevención y erradicación de la violencia.

Díaz Tezanos ha explicado que el Presupuesto destinado a la prevención, sensibilización y erradicación de la violencia de género se ha incrementado un 24,33% y que el Gobierno prevé recuperar e impulsar la ley Integral para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas.Desarrollo urbanístico sostenible y afectados por derribos

Las personas afectadas por sentencias de derribo es otro colectivo que Díaz Tezanos ha situado en el centro de las prioridades de su Consejería. Según ha explicado cuando concluya este año se habrá efectuado el pago de daños morales a 100 personas afectadas por sentencias de derribo, a lo que se habrá destinado 1 millón de euros. Para el próximo ejercicio, esta partida se incrementará y será de 1.300.000 euros.

Además, la vicepresidenta ha apostado por un desarrollo urbanístico y territorial respetuoso con los valores ambientales y ha destacado la partida de 700.000 euros para el planeamiento urbanístico (PROT, desarrollo de la ley del Paisaje y otros instrumentos de planificación urbanística). Además también se prevé la elaboración de una nueva Ley del Suelo y se destinarán 300.000 euros al desarrollo urbanístico de los ayuntamientos de Cantabria.

Para el fomento de la infraestructura vial (carriles bici) se destinarán 750.000 euros y al Plan de Movilidad Ciclista 196.000 euros para financiar tramos en los municipios de Torrelavega, Reocín, Cartes, Laredo, Colindres, Limpias, Ampuero y Santander. También se impulsará el uso de las bicicletas en centro educativos con 70.000 euros. 

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