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25.10.2014

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El PSOE denuncia que la Ley de Vivienda Protegida es un pelotazo para beneficiar a empresas, fondos de inversión y particulares con posibles


Pedro Casares

“El Gobierno de Cantabria quiere hacer legal que se pueda especular con la vivienda protegida, permitiendo que con recursos públicos se haga negocio. Para los socialistas es intolerable e inadmisible que el Gobierno del PP, por ley, haga posible la especulación con las VPO. No es de recibo que empresas, fondos de inversión o particulares con ‘posibles’ puedan comprar VPO para alquilarlas y hacer negocio y sacar un beneficio a consta de los más necesitados. Esta ley rompe el principio, la filosofía y el objeto de las VPO”, aseveró Pedro Casares, secretario de Economía del PSC-PSOE.

 

En opinión de Casares el proyecto de ley de Vivienda Protegida presentado por el Gobierno Diego es “una chapuza jurídica y un intolerable atentado a los intereses generales”.

 

Las VPO tienen como objetivo que “las personas con recursos limitados puedan optar a una vivienda digna, un derecho reconocido por la Constitución”, señala el dirigente socialista. En su opinión no es de recibo una ley que abre vías de negocio y especulación a personas y empresas que se “beneficiarían de viviendas a precios por debajo del mercado y que luego obtendrían un beneficio alquilándoselas a quien realmente las necesita”.

 

El bajo coste de las VPO viene determinado por la cesión gratuita de suelo que hacen los ayuntamientos. El suelo, obtenido de la cesión de los aprovechamientos urbanísticos a lo que los promotores privados están obligado por ley,  es, por tanto, patrimonio municipal “que es lógico destinar a un fin social, pero no ‘regalarlo’ para que se hagan negocios privados”, afirma Casares.

 

Según el proyecto de ley del Gobierno cualquier persona o empresa podrá adquirir vivienda protegida (VPO) en Cantabria, aunque sólo podrán usarla quienes tengan ingresos que no superen 4,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). “Si se aprueba esta ley, las familias con menos renta no tendran derecho a una vivienda en propiedad sino únicamante a alquilarla”. La ley no aclara en que condiciones se producirían esos alquileres, ni si, como ocurre actualmente, pasado 15 años, la vivienda puede ser vendida libre de cargas y restricciones.

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