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14.10.2014

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El PSC-PSOE registra una moción para exigir al Gobierno de Cantabria el cumplimiento de las Leyes contra la Violencia de Género


La iniciativa recoge propuestas concretas para proteger a los hijos de las víctimas de violencia de género

Ana Isabel Méndez

La diputada socialista Ana Isabel Méndez ha registrado hoy una moción que contiene una batería de propuestas para obligar al Gobierno de Cantabria a cumplir la Leyes contra la Violencia de Género. En dicha iniciativa se recogen “propuestas concretas para afrontar los numerosos problemas que el desmantelamiento de los recursos para las víctimas y sus hijos, que ha llevado a cabo el PP desde 2011, han causado".

 

Según Méndez, quien ha asegurado que “el PSC-PSOE hará batalla de esta cuestión”, “la violencia de género no es una prioridad para este Gobierno” y ha denunciado que “se ha abandonado el trabajo con los hijos de las víctimas, a pesar de que están en el epicentro del problema” sufriendo de forma directa su impacto.

 

La diputada socialista ha afirmado que el Gobierno cántabro no aplica ni la Ley estatal, ni la Ley autonómica, ni la Estrategia Nacional para la erradicación de la Violencia de Género 2013-2016. “Se han convertido en papel mojado desde que gobierna el PP”. “En ambas leyes han considerado siempre a los hijos de las víctimas como víctimas a su vez” y así lo recoge la Ley cántabra en su artículo 1. “Por  tanto, el Gobierno de Cantabria tiene competencias para proteger y asistir a los menores expuestos y no lo está haciendo”.

 

Méndez, que ha denunciado el abandono al que el Ejecutivo regional ha condenado a la atención a las víctimas con el cierre o privatización de los recursos de atención y acogimiento, el recorte en recursos y personal, el importante descenso en el número de mujeres atendidas, la desaparición de todas las medidas en materia de vivienda y en actuaciones en el ámbito educativo, ha hecho especial hincapié en la desaparición de todos los instrumentos de diagnóstico y diálogo entre la administración y los actores sociales.

 

“La Comisión Interdepartamental Contra la Violencia de Género tenía que estar coordinando el cumplimiento de la Ley en cada Consejería, pero murió en 2011”, ha dicho. Igualmente, la Mesa Mixta Contra la Violencia de Género que debía reunir a toda la sociedad y las administraciones para la toma de decisiones y velar por el cumplimiento de la Ley de manera eficaz “dejó de actuar en 2011” y la Red de Administraciones Contra la Violencia de Género creada por el Partido Popular “no existe más que sobre el papel, sin llevar a cabo actuación alguna”.

 

También, “la Consejería de Sanidad ha dejado morir el protocolo sanitario contra el maltrato” que, ha asegurado, “solo sigue vivo gracias al compromiso de muchos profesionales”. Un protocolo que “ayudó a detectar a miles de mujeres que sufren maltrato y que quedó congelado en 2011”.

 

Lo más preocupante está en el ámbito judicial

 

La diputada socialista ha puesto especial atención en el ámbito judicial, el cual considera que presenta la situación más grave y ha considerado que, “pese a los claros esfuerzos del legislador para combatir y erradicar la violencia de género”, “las disfunciones en la aplicación de las leyes son preocupantes”, dando lugar a “fallos tremendos de la justicia” con “consecuencias fatales”.

 

Así, Méndez ha señalado como dato “preocupante” que en 2013 la mitad de las denuncias terminaron con sobreseimiento, "el cierre por la puerta falsa”. En el mismo año, de las 367 órdenes de protección solicitadas, solo 48 conllevaron medidas civiles y el 28% del total fueron denegadas. También en 2013, el 70,9% de las sentencias del juzgado especializado único fueron condenatorias y de las absolutorias la mitad lo fueron a causa del derecho a no declarar por parte del acusado y la renuncia de la víctima a la denuncia previa.

Con todo, lo "más sangrante" para Méndez son los menores víctimas o expuestos a la violencia y doblemente victimizados al existir "una mayoría" de resoluciones judiciales que les obligan a seguir viendo al agresor de ellos mismos o de sus madres y exige al gobierno su implicación para que de una vez por todas, se rompa la inercia de permitir que un agresor se comunique con sus hijos. "Un maltratador nunca puede ser un buen padre". “Si un niño ha estado sometido a un clima de violencia de género, no solo si ha sido víctima directa del maltrato, lo prioritario para su recuperación es apartarle del agresor", sostiene la diputada, y “esa es una labor prioritaria en la que tiene que involucrarse no solo los agentes que intervienen en la justicia sino también la sociedad en su conjunto".

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