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13.8.2014

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Puerto Gallego pregunta en el Congreso acerca de la situación de las prestaciones por desempleo en Cantabria


La diputada socialista subraya que, con esta iniciativa queremos saber cuántas personas serían beneficiarias del subsidio económico que los socialistas hemos propuesto

Puerto Gallego

La diputada socialista por Cantabria, Puerto Gallego, ha registrado en el Congreso, una batería de preguntas escritas al Gobierno, sobre la cobertura de las prestaciones sociales a las familias que están en situación de desempleo en la región.

 

Gallego ha explicado que con esta iniciativa “queremos conocer cuántas personas hay en Cantabria en situación de extrema necesidad; ciudadanos en desempleo con cargas familiares y sin ningún tipo de prestación”, así como “los colectivos en riesgo de menor empleabilidad y en situaciones difíciles, tales como las víctimas de violencia de género, personas con discapacidad o mayores de 45 años”.

 

“Ante la alarmante situación de pobreza infantil que existe en España y en Cantabria debido, sobre todo, a la pérdida de rentas familiares fruto del desempleo, la precariedad laboral y la merma en las prestaciones sociales, pretendemos saber cuántas personas serían beneficiarias del subsidio económico que los socialistas hemos propuesto”, ha subrayado.

 

Se trata de cuantificar el número de personas que hay “en situación de especial necesidad, tales como desempleados con hijos a cargo y familias en situación de vulnerabilidad y que podrían beneficiarse de un mínimo indispensable de renta familiar y que cobrarían con carácter retroactivo a partir del 1 de agosto de este año”, ha reiterado la parlamentaria socialista.

 

Así, ha incidido en que la propuesta del PSOE “es una medida de justicia social” que sería “perfectamente financiable por el Estado” y tendría carácter "coyuntural", ya que permanecería vigente mientras nuestro país tenga una tasa de paro por encima del 15%, y con una cuantía de la percepción prevista por los socialistas cifrada en 426 euros mensuales, que se incrementarían en 100 euros más por cada por cada hijo menor a cargo.

 

“El Estado no puede dar la espalda a los colectivos más vulnerables de la sociedad porque, además de la denominada generación perdida -en referencia a los jóvenes- está la otra generación, la de mayores de 45 años, que no queremos que sea la olvidada”, ha concluido Gallego.

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