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13.7.2013

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Los socialistas proponen un nuevo modelo territorial para crear un Estado más eficaz, más democrático y más integrador


Díaz Tezanos sostiene que el fin es “garantizar la igualdad de acceso de todos los españoles a la educación, la sanidad y los servicios sociales”

Eva Díaz Tezanos

El Consejo Territorial del PSOE aprobó la semana pasada en Granada un nuevo modelo territorial para alcanzar un Estado “más eficaz, más democrático y más integrador”en el que esté garantizada la igualdad de acceso de todos los españoles a la educación, la sanidad y los servicios sociales, con independencia de donde vivan y que prevé también la creación de un Fondo de garantías del Estado del Bienestar para épocas de crisis.

 

La secretaria general del PSC-PSOE, Eva Díaz Tezanos, señaló que “nuestro modelo autonómico ha sido un éxito, pero desde el PSOE proponemos una reforma federal de nuestro modelo territorial en la Constitución, para modernizarlo, mejorarlo y adecuarlo a las nuevas demandas de la sociedad española y a las nuevas realidades del Siglo XXI”.

 

Díaz Tezanos afirmó que “los socialistas queremos que la reforma de la Constitución incluya el principio de igualdad de todos los ciudadanos a las prestaciones sociales básicas (educación, sanidad y derechos sociales) y el reconocimiento explícito de do snuevos derechos: la protección social y el derecho a la salud”.

 

“El sistema autonómico ha acercado el gobierno y la gestión de los grandes servicios públicos y ha nivelado la renta y la calidad de vida entre los ciudadanos españoles. Ha sido la España autonómica la que ha consolidado los pilares de un Estado del Bienestar en el que los derechos básicos a la educación universal, a la sanidad gratuita, a las pensiones dignas, a los servicios sociales y al derecho a la autonomía personal son iguales para todos los españoles, pero la experiencia del funcionamiento del Estado autonómico nos indica que existen problemas de desarrollo que todavía no hemos resuelto”, indicó la dirigente socialista.

 

Dicha reforma “no nos debe situar en el comienzo de nuestra andadura democrática”, sino que hay que entenderla“como la evolución natural del Estado autonómico. Por eso, desde el PSOE plantemos actualizarlo y perfeccionarlo en una perspectiva federal, porque consideramos que el federalismo debe ser el modelo definitivo de nuestra organización territorial, como en otros muchos grandes Estados del mundo”.

 

Las reformas que planteamos pretenden ofrecer “las mejores soluciones” para cumplir dos objetivos básicos: articular un Estado fuerte y eficaz capaz de dar respuesta a los problemas de nuestro tiempo y de garantizar una alta calidad en condiciones de igualdad en la prestación de los servicios públicos y asegurar el respeto a la diversidad.

 

Así, las reformas tienen como objetivo “dar solución a los actuales problemas del modelo autonómico” como son:

 

1)     INCORPORAR A LA CONSTITUCIÓN EL MAPA AUTONÓMICO:

 

La Constitución debe recoger las comunidades territoriales que componen el Estado. Con ello se cierra el mapa y se refuerza la normatividad de la Constitución. 

 

Los socialistas somos partidarios de mantener el actual mapa autonómico sin alterar ninguna de sus delimitaciones geográficas.

 

2)     UNA NUEVA Y CLARIFICADORA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS:

 

El reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas debe estar en la Constitución y debe fijarse de forma clara.

 

En este sentido, proponemos:

Incluir un solo listado con las competencias exclusivas del Estado, definiéndolas con tanta precisión como sea posible y considerando, en consecuencia, que todas las demás, corresponden alas CCAA.

Así, será necesario suprimir el Art. 148 (Competencias de la CCAA), porque ha perdido toda virtualidad jurídica.

Concretar esa definición del tipo de competencias exclusivas del Estado teniendo en cuenta lo establecido en los Estatutos de Autonomía de segunda generación, es decir, los aprobados entre los años 2006 y 2011.

Aclarar los perfiles de algunas competencias básicas del Estado, entre otras.

 

3)     DETERMINACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS DIFERENCIALES:

 

Del Texto Constitucional se deducen al menos cinco hechos diferenciales, entendidos estos como elementos político-jurídicos distintivos de algunos territorios que necesariamente han detener consecuencias sobre su organización jurídica: la existencia de lenguas propias en ciertos territorios y su reconocimiento como lenguas oficiales, la distinción expresa de los territorios denominándolos Nacionalidades y regiones,la  insularidad, las disposiciones transitorias segunda y cuarta que, destacan la existencia político-histórica de determinados territorios y la disposición adicional primera que prevé el amparo y actualización de los derechos históricos de los territorios forales.

 

4) SUSTITUIR EL SENADO POR UNA CÁMARA DE REPRESENTACIÓN

TERRITORIAL:

 

Suprimir el actual Senado y crear una nueva Cámara de Representación Territorial. Para representar la voluntad autonómica, nadie mejor que los gobiernos de cada una de las Comunidades Autónomas pueden expresar la voluntad de cada una de éstas.

Existen también otros modelos federales  en los que la designación delos representantes autonómicos en la Cámara Territorial, se realiza en el seno de la Asamblea Autonómica con arreglo a un procedimiento que respete la composición plural de la Cámara.

 

5)     INCORPORAR A LA CÁMARA DE REPRESENTACIÓN TERRITORIAL NUEVAS FUNCIONES E INSTITUCIONES:

 

La nueva Cámara puede ser una instancia ideal para potenciar las relaciones de colaboración. Por ejemplo,puede ser competente para otorgar la autorización parlamentaria de los convenios de cooperación, con el fin de otorgarles valor normativo, siguiendo el modelo de Alemania.

 

Para asegurar la participación en asuntos europeos o permitir la participación de las Comunidades en la designación de miembros de distintos órganos constitucionales.

 

En la nueva Cámara deben celebrarse las Conferencias Sectoriales, instrumentos fundamentales de la Cooperación federal. Igualmente somos partidarios de instalar en la nueva Cámara el Consejo de Política Fiscal y financiera, auténtico foro del debate sobre las finanzas del Estado y su reparto territorial.

 

6) UN NUEVOMODELO DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES

AUTÓNOMAS:

 

La Constitución adolece de una excesiva indeterminación en la regulación de la Hacienda autonómica. Por tanto, se trataría de una reforma de la Constitución orientada por el objetivo de dotar a la misma de verdaderas reglas sobre el reparto de las competencias financieras y de los recursos entre el Estado y las CCAA, debería incorporar con más precisión los principios del sistema, es decir y entre otros, la autonomía financiera; la solidaridad interterritorial; el principio de corresponsabilidad; el principio de suficiencia y el principio de coordinación.

 

Somos partidarios de incorporar a la Constitución como Derechos Fundamentales, la protección social y el derecho a la salud. Los socialistas queremos, asimismo, incorporar a la Constitución el principio de “Estabilidad Social” de nuestro gasto público. En aplicación de este principio debería asegurarse un nivel de los servicios públicos básicos (Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Pensiones), que constituiría, en su caso, un mandato imperativo en la distribución de los recursos públicos del país.

 

Debería establecerse, también, la creación de un Fondo de Garantía del Estado del Bienestar que pudiera servir de Fondo de Reserva de sus prestaciones, para períodos de crisis.

 

7)     ASEGURAR LA IGUALDAD DE LOS ESPAÑOLES EN SUS PRESTACIONES BÁSICAS:

 

En estos momentos de crisis es importante reforzar el principio de que el Estado posee esta función regulatoria y financiera con el fin de asegurar el contenido básico, entendido como un catálogo de prestaciones mínimas de los derechos prestacionales.

 

Propondremos la incorporación a nuestra Constitución de un principio de garantía del Estado a los derechos fundamentales del Estado del Bienestar a todos los españoles: Educación,Sanidad, Servicios Sociales y Pensiones y una garantía de la Estabilidad Social.

 

8)     CONSTITUCIONALIZAR EL PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN DE LAS CCAA EN LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO:

 

Proponemos formalizar las referencias a las modalidades de participación que se han previsto en los nuevos Estatutos de Cataluña y Andalucía y constitucionalizar la participación de las CCAA en los asuntos europeos,utilizando la jurisprudencia Constitucional. La designación de órganos Constitucionales, debería remitirse a las correspondientes leyes reguladoras delos Órganos correspondientes.

 

9)     ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA JUSTICIA:

 

La organización de la Justicia en el plano territorial requiere aclaración y orden. Cinco Comunidades (Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y Murcia), no han asumido las competencias de los medios materiales y económicos de la Administración de Justicia.Los denominados estatutos de segunda generación demandan una determinada organización judicial. Las leyes del Estado que debieran desarrollar esas previsiones, no se han aprobado.

 

Proponemos que, con carácter general, los diferentes procesos en todos y cada uno de los órdenes jurisdiccionales, deban culminar en los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de cada Comunidad Autónoma y no en el Tribunal Supremo.

 

10)  CCAA Y UNIÓN EUROPEA. LA ACCIÓN EXTERIOR DE LAS CCAA:

 

La progresiva incorporación de las Comunidades Autónomas a la actividad europea y exterior a lo largo de los años noventa y la consolidación de los mecanismos de participación en la década pasada, supusieron un notorio reforzamiento de la presencia de España en tales ámbitos. Los nuevos estatutos de autonomía vinieron a recoger y dar máxima cobertura normativa a las actividades exteriores autonómicas que hasta entonces establecían normas regionales de menor rango. Hay un espacio de cooperación y de participación de las CCAA en la política exterior que debemos promover en un clima de lealtad mutua y de reforzamiento de la posición internacional de España. Para ello, la creación de una Conferencia de Política Exterior en el Ministerio de Asuntos Exteriores, puede ser un cauce adecuado.

 

Por otra parte, ordenar y fomentar la participación de las CCAA en los asuntos europeos, tanto en la fase ascendente (gestión de la voluntad del Estado), como en la fase descendente (aplicación del Derecho comunitario) es, no solo, competencialmente correcto sino políticamente necesario.

 

11)  INCORPORARA LA GOBERNACIÓN DE ESPAÑA LOS PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS FEDERALES DE LEALTAD Y COLABORACIÓN:

 

La falta de previsiones concretas para articular las relaciones del Estado con las CCAA y de éstas entre sí y la ausencia de una “cultura de colaboración” intergubernamental, deben ser corregidas con la inclusión en la Constitución de los principios de lealtad federal y colaboración y la regulación flexible de procedimientos y órganos, instrumentos y foros de encuentro, en la línea de lo propuesto en el informe del Consejo de Estado sobre las modificaciones de la Constitución Española. El principio de Lealtad Federal supone el respeto a los intereses generales y a los tutelados en cada nivel de gobierno y conlleva la obligatoriedad de colaborar, prestar auxilio y asistencia cuando fuera requerido en el ejercicio de las propias competencias.

 

En cuanto al principio de colaboración, debe presidir las relaciones entre el Estado y las CCAA y constituye un deber al que están sometidos recíprocamente ambas instancias, tal y como ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Respecto a los órganos y a los instrumentos de Colaboración, deberán institucionalizarse,como ya hemos apuntado, los siguientes: La Conferencia de Presidentes. Las Conferencias Sectoriales. Convenios de colaboración verticales (Estado- CCAA) y horizontales (CCAA entre sí). También deben generalizarse las prácticas de colaboración entre Comunidades Autónomas.

 

12)  SIMPLIFICAR Y DOTAR DE UNA MAYOR EFICACIA AL CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

 

El texto constitucional debería incorporar preceptos a favor de la autonomía local y la definición básica de competencias bajo los principios de subsidiariedad y sostenibilidad financiera. Las CC AA deberían disponer de competencias propias para completar la organización administrativa del territorio.

 

Al mismo tiempo, laAdministración General del Estado debe revisar a fondo sus estructuras centrales y territoriales; asimismo, las Comunidades han de completar este esfuerzo para la simplificación el conjunto del sector

 

13)  REFORMAR EL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LAS REFORMAS ESTATUTARIAS Y ELIMINAR EL DERECHO TRANSITORIO DE NUESTRO PROCESO AUTONÓMICO:

 

El control de constitucionalidad de los Estatutos de Autonomía, ciertamente, no está bien diseñado. Un Estatuto de Autonomía no es solo una Ley Orgánica, aunque se apruebe con su forma. Es una norma pactada entre la representación popular territorial y la representación popular y territorial estatal que, en determinados casos, es sancionada como en Cataluña o Andalucía, mediante referéndum de su ciudadanía y que deviene la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma, convirtiéndose en la norma de cabecera del ordenamiento autonómico, integrando el bloque de la constitucionalidad y convirtiéndose por ello en parámetro para apreciar la adecuación de otras normas y actos a la Constitución. En estas condiciones, su control de constitucionalidad no debería ser sometido al mismo procedimiento que el de las demás leyes.

 

La funcionalidad del control preventivo en este caso es evidente y a él se debería volver, aunque con una regulación específica que contemplara una limitación de plazos para la resolución del Recurso. En este sentido, aprobado el Estatuto por las Cortes Generales, se abriría un período de tres meses para su impugnación ante el Tribunal Constitucional. Si ésta se formaliza, el Tribunal Constitucional deberá resolver el recurso en el plazo máximo de seis meses. Solo se someterá a Referéndum el texto, una vez producida la sentencia del Tribunal Constitucional y corregido, en su caso, el texto estatutario. Respecto al contenido de las sentencias en estos casos, éstas deben preservar el espacio político para que, tras una eventual declaración de inconstitucionalidad, puedan reordenar las disposiciones afectadas, sin merma del consenso alcanzado para evitar el choque de legitimidades que el actual diseño no evita.

 

14)  TRANSPARENCIA INFORMATIVA Y UNIDAD DE MERCADO:

 

Uno de los problemas del modelo autonómico es que hay poca información estandarizada (y, por lo tanto,comparable) sobre los resultados básicos en las políticas gestionadas por las CCAA, como educación, sanidad y servicios sociales. Esta carencia se corresponde con la debilidad general en transparencia informativa de las administraciones públicas en España. El derecho a la información pública no sólo significa que las administraciones contesten a las demandas de información de los ciudadanos, sino que se adelanten a difundir la información (publicidad activa). Durante los últimos años se han producido avances en la publicación activa gracias a las nuevas tecnologías, pero sólo muy recientemente se han comenzado a hacer esfuerzos para establecer indicadores comparables sobre los resultados de las políticas autonómicas (por ejemplo, en el ámbito sanitario). 

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