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14.5.2009

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El Gobierno aprueba una ley que crea un Instituto de Servicios Sociales

Gorostiaga destaca que este organismo autónomo permitirá realizar una gestión más ágil y eficaz de estas competencias.

El Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves el proyecto de ley de creación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, un organismo autónomo que permitirá realizar una gestión "más ágil y eficaz" de estas competencias, a las que en 2009 se destina un presupuesto de 152 millones de euros. Este organismo, dependiente de la Consejería de Empleo y Bienestar Social, asumirá la plantilla de la Dirección General de Servicios Sociales, compuesta por 1.100 trabajadores, y la gestión de sus infraestructuras.

Se trata de los centros territoriales de servicios sociales de Torrelavega, Reinosa, Santander y Laredo; los centros de atención a la dependencia de Santander, Sierrallana, Laredo y La Pereda; el centro de día de Castro Urdiales; el centro de accesibilidad y ayudas técnicas de Cantabria, siete centros sociales de mayores, la residencia de Santoña, el centro de atención a la infancia y a la adolescencia de Laredo, el de Infancia y Familia de Santander y cinco centros de atención a la primera infancia.

La vicepresidenta y consejera de Empleo y Bienestar Social, Lola Gorostiaga, quien esta mañana ha dado cuenta de los acuerdos adoptados por el Gobierno en su reunión semanal, ha subrayado que la Dirección General ocupa, por sí sola, el cuarto lugar en volumen de gestión presupuestaria, con más de un 6 por ciento del capitulo de gasto.

Gorostiaga ha justificado la creación de este organismo autónomo, que tendrá personalidad jurídica propia, en la "notable extensión" de la protección social que se va a registrar en los próximos años por el envejecimiento de la población, la integración social de los inmigrantes, la necesaria creación de nuevos sistemas de atención a la dependencia y el creciente reconocimiento de los derechos de los menores. Según la vicepresidenta, esta realidad hace necesario plantear un sistema organizativo que favorezca la inmediatez y que permita dar una respuesta "individualizada, eficiente y ágil" a las demandas de los ciudadanos, con calidad.

La aprobación del proyecto de ley, que será remitido al Parlamento para su tramitación, es uno de los principales acuerdos adoptados por el Gobierno en una reunión en la que se han tramitado inversiones y ayudas por casi 11 millones de euros.

El Gobierno ha aprobado la firma de un protocolo de colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para continuar la ejecución del Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015. A través de este convenio, el Ministerio de compromete a colaborar en la financiación de actuaciones en saneamiento y depuración de aguas en Cantabria. El Estado financiará en su totalidad las actuaciones en el sistema Saja-Besaya (el emisario y la estación de aguas residuales), junto a los colectores de Noja-Arnuero, la ría Rada y el río Asón, dentro del saneamiento de las Marismas de Santoña. Además, colaborará en la financiación de otras obras del plan de saneamiento.

El Consejo de Gobierno ha autorizado un convenio por el que se encomienda a EMCANTA la prestación de los servicios especializados de desarrollo de todas las aplicaciones corporativas del Gobierno de Cantabria, por 6,3 millones de euros.

En la Consejería de Educación, se ha autorizado la firma de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, para dar continuidad al Instituto para el Desarrollo y la Innovación Educativa en Tegucigalpa. Este instituto tiene como objetivo desarrollar iniciativas a favor de la educación en este país y apoyar la educación infantil, a las familias y los derechos de la infancia; educación ciudadana y en valores o alfabetización, entre otros. Además, la consejera informó en la reunión sobre la adjudicación de obras de mejora en centros escolares por importe de 1,3 millones de euros.

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha aprobado un contrato de 648.334 euros para la compra de vacunas antigripales; de 664.000 para vacunas contra el virus del papiloma humano; y 134.125 para vacunas contra la hepatitis.

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