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3.11.2012

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El PSOE crítica que la Ley de Medidas Fiscales no fomenta la actividad económica, pone más dificultades y elimina derechos


Palacio acusa al Gobierno de engañar y mentir a los ciudadanos y afirma que con las medidas propuestas los Presupuestos resultan inútiles, insolidarios y regresivos

Miguel Ángel Palacio

Para el diputado socialista, Miguel Ángel Palacio, que acusó duramente al Gobierno regional de “engañar y mentir a los ciudadanos”, la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas “no fomenta la actividad económica, pone más dificultades a familias y empresas, elimina los derechos de los ciudadanos y no atiende las necesidades de los que peor lo están pasando”.

 

Según señaló, con las medidas propuestas en la ley, el conjunto de los Presupuestos resultan “inútiles” para la Comunidad y son “insolidarios” y “regresivos”.

 

Palacio explicó las dos únicas medidas puestas en marcha por el Gobierno para fomentar la actividad económica y el empleo. La primera se refiere a la deducción de un 15% en la declaración de la renta para la rehabilitación de viviendas y recordó que el año pasado existía una subvención del Gobierno central del 25%, que el PP suprimió, y una deducción del 10% en el IRPF, con lo cual esta medida “contiene un 20% menos de ayuda que el año pasado”, dijo.

 

La segunda medida supone una deducción de 600 euros a los autónomos para promover el autoempleo. El diputado dijo que los socialistas ya propusieron esta medida el año pasado y los populares la rechazaron. También recordó que la Junta de Andalucía lanzó antes esta propuesta y el PP planteó un recurso de inconstitucionalidad en su contra que fue admitido por el Tribunal Constitucional.

 

“Diego está haciendo el ridículo más espantoso. Ya es la segunda ley que tenemos en el Parlamento de Cantabria recurrida por el PP al Constitucional  y que proponen aprobar”, criticó.

 

Voracidad recaudatoria

 

El parlamentario comentó un segundo bloque de medidas destinadas a gravar las economías de las familias y las empresas, “detrás de las que hay una voracidad recaudatoria que creará grandes problemas”, ya que lejos de bajar los impuestos, los incrementan con subidas del 5% en unas tasas, del 30% en aquellas otras en las que el recibo llega a todas las casas y con la creación de 6 nuevas.

 

Palacio explicó que el canon de saneamiento tiene un componente fijo de euros por abonado y otro variable de euros por metro cúbico. Así, señaló que el año pasado por estas fechas el componente fijo estaba en 14,88 euros y el variable en 0,28%. “Con la Ley de Presupuestos subieron el 3%, en mayo subieron el 30% y ahora proponen subirlo un 30% más, con lo cual el canon de saneamiento se incrementa en un 74%”.

 

La tasa por residuos urbanos, que se mide en euros por tonelada, sufrirá también un incremento del 74%, ya que su tasa pasará de 46,84 euros por tonelada al 81,55% y la de comercialización de productos agrícolas se incrementará en un 50%.

 

También enumeró aquellas tasas que se crean como la tasa por valoración previa de los inmuebles, de 30 a 40 euros por finca o inmueble; por inscripción en el registro oficial de establecimientos y servicios biocidas, de 50 euros; por participar en concursos para las nuevas farmacias, de 149 euros; por solicitudes de autorización de estudios pos autorizacionales, de 392 euros; por copia de documentación clínica, de 15 euros; por pruebas de laboratorio agrícola, de 74 euros y por expedición de chalecos identificativos para la actividad marisquera, de 18.51 euros.

 

Sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Palacio señaló que al venderse menos casas, y por lo tanto, recaudarse menos, el PP ha decidido subir este impuesto que pasa del 7% al 8% (supone un 18% más de incremento) para los inmuebles que tiene un valor de menos de 300.000 euros y del 8% al 10% (un 25% más) para los de valor superior. Algo que en su opinión, “no facilitará la venta de viviendas, si no lo contrario”.

 

Palacio se refirió también a aquellas medidas “destinadas a eliminar derechos a los ciudadanos” y con ello, a la modificación de la Ley de Derechos y Servicios Sociales para eliminar el derecho a la prestación gratuita de teleasistencia, a la supresión de las subvenciones a las organizaciones empresariales y sindicales, y a la eliminación del plazo de seis meses para que el Gobierno elabore el Plan director y de la competencia del Parlamento para pronunciarse sobre el mismo

 

Finalmente, lamentó que “no exista ni una sola medida para proteger a los colectivos más desfavorecidos”.

 

 

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