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13.9.2012

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El GPS insta al Gobierno a recaudar los derechos económicos no prescritos por tratamiento final de residuos con la empresa pública MARE


Piden que se concierte un convenio de amortización de la deuda que sea transparente y que evite discriminaciones entre los ayuntamientos

Miguel Ángel Palacio

El Grupo Parlamentario Socialista instará al Gobierno de Cantabria en el Pleno que se celebrará el próximo lunes, día 17, a recaudar los derechos económicos no prescritos por tratamiento final de residuos realizado por la empresa pública MARE, concertando con trasparencia un convenio de amortización de deuda con los ayuntamientos afectados, que evite privilegios para los que no han pagado y discriminaciones para los que cumplieron con sus obligaciones y que contenga criterios de igualdad.

 

El diputado Miguel Ángel Palacio señaló esta mañana en rueda de prensa que el consejero de Medio Ambiente, Francisco Javier Fernández, no hizo una propuesta global para todos los ayuntamientos de Cantabria. “Su objetivo era solucionar el problema del Ayuntamiento de Santander – ayuntamiento en el que fue alto cargo - porque tenía una deuda de más de 6 millones de euros con MARE, y así cancelar su deuda en un 67%”, dijo.

 

Para Palacio no ha habido respeto al principio de objetividad “porque el consejero ha sido juez y parte”. Tal y como indicó “tomó decisiones  a favor del ayuntamiento y en contra de los intereses de la Comunidad y gracias a este trato de favor, el alcalde de Santander ha conseguido un crédito blando en el que de 6 millones se condonan 4 y 2 millones se pagarán en cómodos plazos en los próximos 10 años”.

 

En su opinión, “no se ha respetado el principio de transparencia”. El diputado socialista criticó que este hecho no sólo ha sido ocultado a la luz pública, si no que a él tampoco se le han dado los datos relativos a la deuda del Ayuntamiento de Santander, pese a haberlo solicitado en reiteradas ocasiones.

 

“Tampoco se ha respetado la defensa de los intereses públicos”, ya que según señaló, “se ha causado un perjuicio económico a MARE –que presentó un  Expediente de Regulación de Empleo porque sus dificultades económicas eran de 7 millones de euros- y no ha sido gratis para el conjunto de los ciudadanos de Cantabria, puesto que el Gobierno ha decidido subir en un 33% el canon de saneamiento a todos los ciudadanos”. “Incremento con el que el Gobierno pretende recaudar 3 millones de euros”, apuntó el diputado.

 

“Los ciudadanos pagaron y los ayuntamientos recaudaron, por lo tanto, las facturas se tiene que pagar a MARE ya que no tiene defensa el que un ayuntamiento recaude de los vecinos, no pague a quien presta el servicio y cause un quebranto que supone un ERE a la empresa”, afirmó Palacio.

 

El diputado recordó que la deuda se generó entre los años 1998 y 2005 y que, en la  actualidad, no está prescrita porque no hay sentencia ni expediente que así lo determine. Además, MARE la siguió reclamando, pidiendo un acuerdo con el Ayuntamiento de Santander.

 

“MARE insistía en que esta deuda generaba un perjuicio económico a sus interés y el argumento de por qué no se pagaba la deuda era porque MARE giraba las facturas a través de un precio público, en vez de a través de una tasa como exigía el Ayuntamiento”, señaló. “Precio público que pusieron José Luis Gil, Íñigo de la Serna e Ignacio Diego, siendo dirigentes de la consejería de Medio Ambiente”, añadió.

 

Palacio indicó que el gobierno ha ofrecido convenios a tres ayuntamientos más y ofertas a otros cuatro. Convenios que calificó de “desiguales”, ya que al de Cabezón de la Sal se le condona un 82% de la deuda, al de Vega de Pas un 50% y al de Los Corrales de Buelna también un 50%, pero éste último deberá pagar en 3 años en vez de en 10 como los otros dos.

 

 

 

 

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