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29.6.2012

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El GPS insiste en la necesidad de restituir los derechos sanitarios y las prestaciones sociales que el PP recorta a diario


Los socialistas cántabros proponen que la Sanidad siga siendo universal y que no se paralice la aplicación de la Ley de Dependencia

Dolores Gorostiaga

Santander, 29 de junio de 2012.- El Grupo Parlamentario Socialista, ante su preocupación por los planes que el Partido Popular tiene sobre el futuro de la Sanidad y los Servicios Sociales, presentó en el pasado debate sobre la orientación política del Gobierno, ocho propuestas de resolución con las que insta al Gobierno regional a “mantener la universalidad de la Sanidad pública y que no se paralice la aplicación de la Ley de Dependencia” y con las que pretende, además, “restituir los derechos sanitarios y las prestaciones sociales que, tanto a nivel regional como nacional, se están recortando a diario”.

 

La diputada socialista, Dolores Gorostiaga, criticó que desde que el Partido Popular gobierna en Cantabria, y con las estadísticas del propio servicio de atención a la dependencia en la mano, “se ve claramente que se ha endurecido” la aplicación del baremo de la Ley para que los dependientes se incorporen o no al sistema. “El número de personas reconocidas como grandes dependientes ha ido disminuyendo, mientras que se han ido ampliando los reconocidos como dependientes menos graves, que son los que pertenecen a los grados que no van a entrar en vigor, porque su aplicación ha sido suspendida”.

 

“Mariano Rajoy, en una de sus primeras medidas de Gobierno, decidió el aplazamiento de la entrada de nuevos dependientes en el sistema. La Comunidad Autónoma de Cantabria, con el Sr. Diego como alumno más aventajado del Sr. Rajoy, empezó a aplicar antes que nadie el endurecimiento del baremo que hace que se desplace a los dependientes de los grados severos a los que no van a entrar en vigor”, afirmó.

 

Así, si en el año 2011, los grandes dependientes (grado III nivel II) eran el 14,04%, en el 2012 lo son el 10,97% y mientras que en el 2011 había un 19,46% del grado III nivel I, ahora el porcentaje es de 17,55 puntos.

 

La congelación de la aplicación de la Ley en los grados severos es para el Grupo Socialista “un gran error” desde el punto de vista económico. “Estamos hablando de uno de los pocos sectores estratégicos que a lo largo de toda la etapa de crisis ha estado creando empleo, y por tanto, retornando parte de la inversión que hacemos a las arcas públicas”.

 

Considera, también, que supone un error desde el punto de vista social, porque obliga “a retroceder, sustancialmente, en los avances que se habían conseguido, por ejemplo, con la incorporación de las mujeres al empleo” ya que las “obliga” a volver a casa a ocuparse de sus mayores y dependientes.

 

En este sentido, Gorostiaga señaló que si los responsables del PP entendieran que “una sociedad con más derechos es una sociedad más rica y que el derecho a la atención a las personas dependientes es una inversión social que genera importantes retornos sobre la economía y el empleo, no continuarían con su política de recortar derechos y servicios a los más desfavorecidos”.

 

Deterioro de la Sanidad pública y de la calidad de los servicios

 

Sobre las plazas residenciales, señaló que en el año 2011, se otorgaron 3.238 plazas a dependientes severos, mientras que en el 2012 hay 142 plazas de residencia menos. “Es alarmante el número de plazas públicas que estamos perdiendo. Ejemplo de ello es el cierre de la residencia de La Pereda, la privatización del Centro de Día de Castro Urdiales y el anuncio de que quieren vender la Isla Pedrosa  donde se encuentran un Centro de Rehabilitación de Drogodependientes, otro de menores y las instalaciones en las que se elabora la comida para las personas que la reciben en casa a través del catering social”, señaló.

Para Gorostiaga todo ello se agrava aún más con el hecho de que un grupo importante de esas personas dependientes, con el copago, “va a tener que pagar una parte de sus medicinas, el transporte sanitario cuando se pongan enfermos, y si necesitan una prótesis, también”.

 

Pero además recordó que se ha rebajado el siete por ciento el precio de concierto de plaza, para la atención a las personas dependientes, “poniendo en riesgo con ello el empleo y la calidad de la asistencia”, se ha recortado la renta social básica, se va a cobrar 30 euros a las personas que empeoran y tienen que pedir una segunda valoración sobre su grado de dependencia, al personal del Servicio Cántabro de Salud se le ha aplicado la jornada laboral de 35 a 37,5 horas, los centros de salud se cierran a partir de las 17 horas y no se sustituye al personal sanitario. “Estas medidas impuestas por Sr. Diego lo único que están consiguiendo es que haya menos prestaciones, más despidos, menos servicios y que el servicio sanitario se resienta”.

 

En relación al Plan concertado de servicios sociales de los Ayuntamientos, lamentó que haya sido recortado en un 42%, ya que al recibir menos recursos no podrán atender una demanda cada vez más creciente entre aquellos que no son atendidos por la Ley de Dependencia y acuden a sus servicios sociales más próximos.

 

Propuestas de Resolución

 

Para tratar de “paliar” los efectos de las recientes medidas del Partido Popular de Cantabria en materia de Sanidad y Servicios Sociales, y como alternativa a este plan de “recortes de derechos y prestaciones”, los socialistas de Cantabria registraron las siguientes Propuestas de Resolución:

 

-         El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a mantener la “universalidad” en el derecho a la sanidad pública.

 

-         El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la reanudación inmediata de las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y a la búsqueda del acuerdo con el Gobierno de España que lleve a la firma de un nuevo Convenio para la financiación del sobrecoste  de las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

 

-         El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a mantener abiertos los Centros de Salud por las tardes, recuperando el horario anterior a los recortes sanitarios y a la sustitución de médicos y personal sanitario, en el caso de bajas, vacaciones, permisos, tanto en los hospitales como en los Centros de Salud.

 

-         El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a: continuar con la rehabilitación y adaptación a la normativa del CAD de la Pereda para incrementar el número de plazas públicas dedicadas a la atención a personas dependientes y a mantener la gestión pública del Centro de Día de Castro Urdiales.

 

-         El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a mantener la titularidad, la gestión pública y el uso para fines y equipamientos sociales de la Isla de Pedrosa y a finalizar las obras  del Centro de Rehabilitación de Drogodependientes ubicado en la Isla de Pedrosa.

 

-         El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a la agilización de las valoraciones de las personas dependientes, incrementar el ritmo de concertación de plazas de atención a las personas dependientes y a la supresión del pago de la tasa por revisión del grado de dependencia.

 

-         El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a que  Renta Social Básica se devengue desde el momento de la solicitud y se perciba en tanto perduren las condiciones de necesidad que justificaron su concesión.

 

-         El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a incorporar nuevos ayuntamientos a la prestación de catering social mediante la firma de convenios con la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social.

 

 

 

 

 

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