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14.6.2012

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El PSOE denuncia que el Gobierno da trato de favor a defraudadores con sociedades en paraísos fiscales


Puerto Gallego ha recordado que el Consejo de Estado objetó esta norma y que el Gobierno ha introducido esta medida por la puerta de atrás y a escondidas

La diputada socialista Puerto Gallego

El PSOE ha denunciado que el Gobierno ha dado una nueva vuelta de tuerca a la amnistía fiscal mediante una disposición final en el Decreto-Ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios que se ha votado hoy en el pleno del Congreso de los Diputados. Tal y como ha explicado la ponente socialista, Puerto Gallego, “el Gobierno da trece meses más, para acogerse a la amnistía fiscal, a los defraudadores que han utilizado sociedades interpuestas y opacas para ocultar la titularidad de sus bienes”.

 

La nueva regulación permite que cuando “el titular jurídico del bien o derecho objeto de la declaración tributaria especial no resida en territorio español y no coincida con el titular real, se pueda considerar titular a este último siempre que llegue a ostentar la titularidad jurídica de los bienes o derechos con anterioridad a 31 de diciembre de 2013”. Esta previsión afecta principalmente a aquellos contribuyentes que, además de no cumplir con sus obligaciones tributarias como el resto de los ciudadanos, han acudido a la organización de estructuras complejas para ocultar la real titularidad de los bienes, como son los testaferros, truts o fideicomisos.

La diputada ha asegurado que este trato de favor “es claramente inadmisible, demostrando que detrás de la amnistía fiscal no sólo hay intereses recaudatorios sino una clara intención de beneficiar a los grandes defraudadores”. Además, Puerto Gallego ha recordado que el Consejo de Estado rechazó introducir esta norma en la orden por la que se aprueba la declaración tributaria especial, “por carecer de habilitación legal”.

 

Gallego ha señalado que, pese a estar de acuerdo con la mayor parte del decreto cuya voluntad es  favorecer al pequeño comercio y a la recuperación de las PYMES, “los socialistas no podemos apoyar esta norma que introduce de tapadillo una ampliación de la amnistía fiscal. Una medida que carece de toda justificación ética y moral y que atenta contra la justicia social al castigar a quienes cumplen con Hacienda y beneficia los defraudadores”.

 

La diputada ha indicado que a estos sofisticados defraudadores, y seguramente porque deshacer precipitadamente organizaciones o inversiones podría causarles algún perjuicio o incomodidad, “se les otorga un plazo adicional, nada menos que trece meses más, para poner a su nombre los bienes, bastando en este momento que declaren que son los titulares reales de los mismos aunque no sea así ni formal ni jurídicamente”.

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