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// 30 DE OCTUBRE DE 2014

Ley de Dependencia: Menos es menos Ley de Dependencia: Menos es menos

Ley de Dependencia: Menos es menos

Puerto Gallego, diputada socialista por Cantabria.

Hace exactamente dos años escribí un artículo en este mismo periódico sobre el desmantelamiento de la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, que el Gobierno del Partido Popular había emprendido al día siguiente de entrar a gobernar, con la mayoría absoluta que le otorgaron legítimamente los votos y con la promesa de solucionar los problemas de los ciudadanos.

 

Entre otras a cosas, en ese artículo denunciaba el recorte en dependencia, calificándolo de "el recorte más canalla", porque ha dejado en la cuneta a muchas familias que cuidan de los suyos y porque muchos dependientes morirán sin recibir ayuda.

 

Y en estos días de presentación y discusión de los últimos Presupuestos Generales del Gobierno de Rajoy y oyendo al ministro Montoro hablar de los "presupuestos de la recuperación", no puedo más que reiterar que los recortes que se han planteado en dependencia y servicios sociales son una auténtica canallada.

 

Mientras tanto, como si no fuera con ellos, el PP presenta iniciativas en la Comisión de Discapacidad del Congreso, en el sentido de "estudiar" la cualificación de los asistentes personales. Entramos, pues, en el terreno de lo absurdo. ¡Ponen antes el tejado que los cimientos!

 

Obvian que en este país existen más de 1,2 millones de personas dictaminadas como dependientes, de las cuales se ha reconocido con derecho a atención a 900.000.

 

Pero lo más grave es que, de éstas, no están atendidas más de 175.000 personas.

 

Y la que se avecina, puesto que a partir del 1 de Julio del 2015, habrá más de 300.000 personas con derecho a atención. Si sumamos, nos encontramos con más de 500.000 personas y sus familias que no van a tener apoyo. Y mientras, el PP teje una cortina de humo que invisibilice esta cifra hablando de asistentes personales.

 

Añadimos a la canallada, que muchas personas no pueden esperar, y muchos dependientes se están muriendo sin haber recibido su derecho a una atención con garantía pública.

 

Se da la triste circunstancia de que quien ha designado Rajoy para consolidar los gravísimos recortes en la atención a las personas dependientes es la ministra Mato, que será recordada como la peor ministra de la democracia por el daño que ha hecho a nuestro Sistema Nacional de Salud y por la nefasta gestión en una de las peores crisis sanitarias de nuestro país, la del Ébola. Incomprensiblemente todavía está ahí, ni ha dimitido, ni ha sido cesada, que aún es peor. Ministra que ha  consumado la demolición de la Ley de Dependencia, desde que en diciembre del 2011, paralizó el calendario de aplicación de la Ley, para, posteriormente, en el 2012, eliminar la partida que le correspondía al Gobierno central en la cofinanciación junto con las Comunidades Autónomas. Una partida denominada "Nivel acordado" y que estaba dotada con 283 millones euros. Partida que ha desaparecido en los presupuestos de la recuperación: Cero Patatero.

 

Aunque todo esto no es tan extraño si recordamos que el presidente del Gobierno en su campaña electoral calificó la Ley de Dependencia de “inviable”. No es para sorprenderse pues que  el Gobierno deje en manos de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos la atención a los más vulnerables para que se busquen la vida. El Estado, para atender a los más débiles de la sociedad, no está, ni tampoco se le espera.

 

Valga como ejemplo de esta ausencia el dato que proporcionaba esta misma semana un informe de Unidef sobre la pobreza infantil. En España hay a día de hoy 2,7 millones de menores en riesgo de exclusión y frente a este drama el Gobierno ha anunciado una partida para combatir la pobreza infantil de 32 millones. Esta cantidad supondrá que a cada niño en riesgo se dedicarán 11,8 euros al año. O los datos de Cáritas, también de esta semana, según los cuales más del 24% de los españoles sufren exclusión moderada y el 11% se hallan en severa marginalidad.

 

No hace falta tener grandes conocimientos en economía para afirmar que el ministro Montoro miente cuando habla de los presupuestos de la recuperación, cuando en este país aumentan en 500.000 las personas en situación de dependencia que deben ser atendidas y en 1,5 millones los usuarios de los servicios sociales de proximidad, y con una disminución acumulada de 2.500 millones de euros en servicios sociales y en dependencia. Pero los que están atendidos, lo están con menos prestaciones, menos calidad y menos derechos.   

 

A escasos ocho meses del final de la Legislatura, el panorama que presenta la aplicación de la Ley de Dependencia es más que preocupante. En resumen, más dependientes, más fallecidos sin atender, más sufrimiento y más desigualdad con menos, por no decir ningún, recursos.

 

En definitiva, MÁS DESVERGÜENZA. Lo dicho, una auténtica CANALLADA.

TRIBUNA PUBLICADA EN EL DIARIO MONTAÑÉS

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