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// 5 DE JULIO DE 2012

Cambios en la Ley del Suelo, la ocasión

Miguel Ángel Palacio. Diputado socialista en el Parlamento de Cantabria

Impulsar la vida económica y social de las zonas rurales, para que las personas puedan vivir y trabajar en estos lugares cada vez menos poblados, nos preocupa y hemos dedicado nuestros mejores esfuerzos en el Parlamento de Cantabria a este fin, con motivo del debate y aprobación de la modificación de la Ley del Suelo.

Revisar la legislación para favorecer la construcción de edificios destinados a usos residenciales, turísticos, artesanales o industriales en el medio rural es una buena oportunidad. Es necesario facilitar a todos los ayuntamientos, y prioritariamente a los más pequeños, la elaboración y aprobación de un planeamiento urbanístico sencillo para promover actividades económicas que mantengan la población y protejan los valores naturales de los núcleos rurales.

No ha sido así. El PP se ha apartado abiertamente de cualquier principio de ordenación del suelo y ha decidido promover directamente desde la Ley un crecimiento urbanístico disperso y generalizado en todos los suelos rústicos que rodean los núcleos de población, sean rurales o no, sin tener en cuenta las necesidades económicas y sociales de las familias que viven y desean vivir en estas zonas de nuestra región y sin valorar las consecuencias que decisiones de esta envergadura tienen sobre el territorio.

A la población que vive y desea vivir en las zonas de montaña de Cantabria, sobre todo en las más alejadas, le interesa que las leyes faciliten la construcción de viviendas asequibles en un entorno que favorezca la actividad, la comunicación y los servicios indispensables.

No le sirven para nada las normas que promueven el aislamiento y la dispersión de las viviendas. Esta Ley del PP va al revés.Autoriza la construcción de grandes edificios unifamiliares aislados de hasta 500m2 o más, en parcelas de 2.000 m2 o más, y cuyos servicios de acceso, abastecimiento de agua, saneamiento y electricidad corren por cuenta de la propia familia. Y no permite, tal y como hemos propuesto desde el grupo socialista, que las viviendas se puedan construir más agrupadas, en parcelas más pequeñas de 500 ó 600 m2, y los costes de los servicios se puedan repartir.

Las familias que habiten, -según la Ley aprobada- estas viviendas aisladas, en grandes parcelas, unidas por caminos de uso agrícola y ganadero, y alejados de todo, no podrán recibir los servicios esenciales a los que tienen derecho. Será, por ejemplo, imposible el transporte escolar para sus hijos y la ayuda a domicilio para sus mayores.

Estas viviendas innecesariamente caras y aisladas no están pensadas para tiempos de crisis ni para el hijo que quiere hacerse una casa en la finca de su padre, ni para la mayoría de las familias de las zonas rurales.

Imposible. Para mantener la población en el conjunto del territorio para esta generación y las siguientes debemos utilizar el suelo con prudencia, porque es el recurso natural más importante que tenemos y forma parte esencial del patrimonio y la identidad de la región.

Nada de esto ha tenido en cuenta el PP, al autorizar la construcción en un espacio de hasta 200 m. del borde urbano de todos los pueblos, sean grandes o pequeños. El resultado es que cuanto menor es el núcleo y por lo tanto menor la necesidad de suelo, en más veces se incrementa la superficie a construir.

Señalé en el Pleno como ejemplo el caso de Lebeña que de 27.648m2 que tiene en la actualidad, pasa a 151.114 m2. Parecido en todos los pueblos. Y todo ello sin considerar que este suelo está calificado como suelo especialmente protegido.

El PP con sus votos rechazó nuestra propuesta: que cada ayuntamiento o el Gobierno, a petición de estos, pudiese delimitar los núcleos rurales y la zona de crecimiento necesaria evitando excesos, suelos protegidos, pendientes y teniendo en cuenta los servicios de cada localidad. No fue posible.

Los pueblos de Liébana, de Campoo, del Nansa, de Cabuérniga ... Estos pueblos no han crecido rodeados de viviendas dispersas en grandes parcelas, sino agrupados. Este es el crecimiento tradicional de nuestros pueblos y la propuesta actual de las recomendaciones territoriales europeas.

Por último, la legislación básica del Estado establece unos principios y límites infranqueables a tener en cuenta en el suelo rural. Esta Ley no los respeta, y en la medida que autoriza un desarrollo urbanístico generalizado, sin ningún planeamiento, en suelos rurales a proteger, es una temeridad y sitúa a la Comunidad, a los ayuntamientos y a los propietarios en un alto grado de inseguridad jurídica. En Cantabria debiéramos de estar escaldados por las sentencias de derribo que el PP nos ha dejado en herencia y evitar en las leyes conflictos, pleitos y sentencias imprevisibles.

No ha sido así. Esta Ley se redactó y se aprobó para satisfacer una demanda, así lo escribieron en la exposición de motivos. Nuestra Comunidad necesita leyes para satisfacer el interés general: el derecho a la vivienda, a la actividad económica y al medio ambiente.

TRIBUNA PUBLICADA EN EL DIARIO MONTAÑÉS.

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