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// 30 DE ABRIL DE 2012

La seguridad no se puede recortar

FRANCISCO FERNÁNDEZ MAÑANES. Diputado regional.

¿Hay espacio para la política en una situación económica tan difícil y grave como la que vivimos? ¿Son inevitables las decisiones que adpta el Gobierno del PP? ¿No hay otras políticas posibles? Para muestra, un botón. ¿No queda más remedio, tal y como plantea el Gobierno de Ignacio Diego, que despedir a 28 profesionales, la mayoría bomberos, de la empresa pública SEMCA?

Seguramente, todos coincideremos en que las políticas de un gobierno vienen determinadas, además de por las circunstancias, por su orientación ideológica que, a su vez, condiciona el oren de prioridades con el que va a manejarse ese gobierno.

Así, por ejemplo, el Gobierno del PP en Cantabria decidió afrontar la crisis dedicando, en los presupuestos aprobados hace tan sólo 4 meses, 2 millones de euros m´sa para el funcionamiento de los centros educativos privado-concertados frente a 3 millones de euros menos para el profesorado de los centros públicos. ¿Ha hecho esto el PP porque en este curso hay muchos más alumnos en la red concertada? Pues no, no ha sido esa la razón sino más bien su nada dismulada apuesta por lo privado y su rechazo y desconfianza hacia lo publico. De igual manera, creo que es muy ilustrativo preguntarse por las razones por las que el Gobierno de Ignacio Diego ha concedido el concierto educativo al colegio privado Torrevelo del Opus Dei, lo que supondrá un desembolso de cara a futuros cursos de más de un millón de euros al año. ¿Era urgente una actuación como esta? ¿Contribuye a superar la crisis? ¿Estaba obligado el Gobierno a adoptar esta decisión? Los que sigan esta polémica ya saben que es justamente lo contrario: el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria avaló la legalidad de la decisión del anterior Gobierno de no concertar con este colegio. Así pues, esta ha sido una decisión de marcado carácter ideológico y que rezuma una concepción de la igualdad y del papel del Estado en la educación muy distinta a la que tenemos los socialistas.

Pero volviendo al tema de las emergencias y la Protección Civil, ¿no se podía hacer otra cosa más que recurrir al despido de una cuerta parte de la plantilla del SEMCA? Para empezar, debe aclararse que el SEMCA (Servicio de Emergencias de Cantabria) es una empresa 100% pública cuyos ingresos proceden únicamente de los presupuestos generales de Cantabria. ¿Qué decidió el Gobierno del PP en los presupuestos para el año 2012? Dar casi medio millón de euros menos a esta empresa pública que gestiona las emergencias en nuestra región. ¿Y qué ocurre cuando una empresa pública, cuyos únicos ingresos son las subvenciones públicas, recibe menos pese a haber aumentado su plantilla para garantizar una mayor calidad en el servicio a los ciudadanos? Pues que siendo el principal coste el personal y teniendo menos ingresos para pagan más bomberos, la empresa, necesariamente, entra en pérdidas. Nada que no supiera y no quisiera el Gobierno de Ignacio Diego.

Y ¿qué haría en esta situación un gobierno responsable que considera prioritaria la protección civil y la seguridad ciudadana? Pues cubrir esa deuda y acordar junto con los trabajadores y sus representantes las mejoras de gestión que sin afectar a la calidad del servicio público de emergencias procuren el máximo ahorro posible. Así lo vemos los socialistas.

Se ha dicho por el Gobierno que es necesario ahorrar en este servicio esencial unos 800.000 euros al año y que esto se conseguirá despidiendo a 28 trabajadores. Por cierto, no es esta la única empresa pública en la que se están planteando despidos. De hecho, en estos momentos, el empresario que más empleos destruye en Cantabria es el Gobierno de Ignacio Diego que se justifica repitiendo, una y otra vez, que no puede hacer otra cosa. Sin embargo, ¿alguien obligó al PP a suprimir el Impuesto de Sucesiones para las herencias más cuantiosas? ¿Debemos ahorrar en seguridad recortando la plantilla del SEMCA y, sin embargo, nos podemos permitir renunciar a unos 50 millones de euros de ingresos al año procedentes del impuesto de sucesiones? ¿No le quedaba más remedio al PP que beneficiar a los herederos que reciben herencias millonarias? La política, ahora más que nunca si cabe, supone elegir entre alternativas; priorizar y deslindar lo básico y esencial de lo que es accesorio y secundario. Lo que admite demoras, de lo que es una necesidad permanente e inaplazable. Y es evidente que la seguridad es una política básica, esencial e inaplazable porque en juego está la integridad de las personas, de sus bienes y del patrimonio público. Realmente es asombroso que el PP actúe con tanto extremismo ideológico y temeridad en un asunto tan sensible. Es un insulto a los cántabros que el Gobierno diga que despidiendo a casi un 25% de la plantilla del SEMCA la seguridad de las personas va a estar igualmente garantizada. ¿Quién se cree que con menos bomberos estaremos igual de seguros? Ahora bien, lo que resulta grotesco es que la consejera de Presidencia que ha puesto sobre la mesa los 28 despidos del SEMCA ofrezca ahora su "máxima colaboración" para minimizar el número de despidos. ¡Lo que nos faltaba por ver! Una consejera pirómana que ahora quiere meterse a bombera.

Los socialistas le pedimos al Gobierno de Ignacio Diego que abandone la soberbia y la prepotencia en las que está instalado. Que dialogue y alcance acuerdos con los representantes de los trabajadores que hanb puesto sobre la mesa propuestas y alternativas para mejorar la gestión y ahorrar costes. Y que tome la decisión política de considerar prioritaria la seguridad ciudadana porque entonces se encontrarán alternativas a los despidos.

El Gobierno del PP se tiene que implicar al máximo, pues nadie entendería que haya voluntad política para resolver el problema de Teka, que es una empresa privada que no presta ningún servicio básico y esencial y que, por el contrario, no se busquen soluciones para una empresa pública cuyo objetivo es garantizar la seguridad de los cántabros. La seguridad no se puede recortar y la crisis no puede ser la coartada para desmantelar los servicios públicos esenciales.

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