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// 20 DE MARZO DE 2013

Pierde la democracia, pierden los vecinos

Eva Díaz Tezanos. Secretaria general del PSC-PSOE.

Si el anteproyecto de Ley de reforma Local del Gobierno Rajoy prospera en su actual redacción se habrá dado un fuerte golpe a  la democracia y a la prestación por los ayuntamientos de los servicios públicos de proximidad. Perderá, por tanto la democracia, y, sobre todo, saldrán perdiendo los vecinos, porque entre otras cosas, tendrán menos servicios, más caros y de peor calidad.

 

Quiero creer que el Gobierno de la Nación será más sensible a la unánime oposición de los ayuntamientos españoles a este anteproyecto que lo que ha demostrado serlo hasta ahora el Ejecutivo de Cantabria que preside Ignacio Diego. La Federación de Municipios de Cantabria por unanimidad mostró su disconformidad con la reforma local que plantea el PP. Y el Presidente de Cantabria, el señor Diego forzó a sus siete alcaldes ‘populares’, que son también diputados regionales, a votar en el Parlamento todo lo contrario. Es un acto más de prepotencia de un presidente que ha demostrado sobradamente su incapacidad para promover el diálogo y generar consensos.

 

El rechazo de la reforma local, suscrito por los representantes del PP junto a los ediles socialistas y regionalistas, echa por tierra el discurso de la confrontación del señor Diego y genera la esperanza de que no es imposible parar prácticas sectarias y partidistas como el Plan de Obras sólo para ayuntamientos del PP, que el Gobierno regional pretende poner en marcha.

 

A los ayuntamientos de Cantabria, con independencia del color político de sus alcaldes, les preocupa el presente y les importa mucho el futuro. Al presidente Diego únicamente le interesa el pasado. Su obsesión enfermiza por poner en cuestión la gestión del Gobierno del que formamos parte los socialistas, es inversamente proporcional  a su interés por solucionar los problemas del presente y construir un futuro mejor.

 

Un futuro en el que no tiene cabida una reforma de la administración local que se justificó por el ahorro y la racionalización del funcionamiento de las administraciones para evitar duplicidades, pero que en realidad responde a los prejuicios ideológicos del PP y a dos objetivos muy claros: por un lado, la desaparición de los ayuntamientos, para lo cual han demonizado a los pequeños ayuntamientos, a los alcaldes, a concejales, en definitiva, a la política; y por otro lado, su preconcebido plan de privatización de todos aquellos servicios públicos que puedan generar beneficios al sector privado. El PP pretende hacer negocio con nuestros pueblos.

 

El PP no cree en el municipalismo como no cree en el Estado de las autonomías. No es casual que las competencias que se pretenden quitar a los ayuntamientos se transfieran a las Diputaciones Provinciales, unos organismos caducos, escasamente democráticos y claramente ineficientes.

 

Tras ganar las elecciones generales, el Gobierno del PP  entreabrió la puerta al debate sobre el futuro de las autonomías. La incompetencia y el mal hacer de algunos gobiernos regionales, la mayoría en manos del PP, le sirvió para poner en cuestión el sistema autonómico. Y, sin embargo, el balance global del funcionamiento del Estado de las autonomías es básicamente positivo para los ciudadanos.

 

El proceso de descentralización recogido en el Título VIII de la Constitución Española de 1978 hizo la política más cercana y la gestión más eficaz. El siguiente reto pasaba por lo que se dio en llamar la ‘segunda descentralización’, la transferencia a los gobiernos locales de la organización y provisión de servicios públicos locales y sociales. Las CC AA ‘liberarían’ competencias para que fueran administradas por los ayuntamientos. Se entendía, y con razón, que políticas de cercanía y proximidad como los servicios sociales estarían mejor gestionados por los representantes políticos más próximos a los ciudadanos.

 

El objetivo de la ‘segunda descentralización’ nacía de una nueva visión de la política que iba de lo global a lo local. O si lo prefieren de lo local, los ayuntamientos, primer escalón de la democracia, a los centros de poder mundiales que, por lógica, también deberían tener un funcionamiento democrático (desgraciadamente no es así).

 

La crisis económica generada por la avaricia de unos y la incompetencia de otros acabó con tan loables objetivos. Está por aclarar si se trata de un daño colateral de la crisis o es la coartada de la que se sirve una derecha, añorante de la recentralización, para resucitar viejos planes centralistas a los que nunca renunció del todo.

 

La democracia representativa se hace más participativa cuanto mayor es la cercanía entre representante y representado. El político municipal está más cerca de los problemas de sus ciudadanos. Según se asciende en el escalafón se acrecienta la lejanía con los ciudadanos y el control del elector sobre el elegido se hace más problemático.

 

Uno de los principales problemas de la democracia española hoy es, precisamente, el distanciamiento que el ciudadano siente con respecto a la política y los políticos. Las razones son múltiples y las soluciones complejas. Pero si hay algo que está muy claro es que la reforma local propuesta por el Gobierno Rajoy y que el presidente Diego defiende a capa y espada no favorece la cercanía de los representantes políticos con los ciudadanos.

TRIBUNA PUBLICADA EN EL DIARIO MONTAÑÉS

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